¿Y los delitos electorales, dónde quedaron; se castigarán?


Abundaron y se perdonaron

 Antonio Quintero

 A una semana de haber concluido la elección federal intermedia, en  una elección por demás sangrienta, hasta este momento posiblemente la más violenta que se haya registrado en todo el país, las frías estadísticas aún se conservan, para no ensuciarlas más. Según los propios instrumentos del Instituto Nacional Electoral, (INE), y lógicamente la parte que le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), y el apartado mismo denominado, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mejor conocido como FEPADE. Si mal no recuerdo por delitos electorales en la misma ciudad de México y en otros estados de la república esos delitos son severamente castigados  hasta con nueve  años de cárcel, los delitos entre los que más incurren las agrupaciones políticas son la entrega de despensas, cooptación y compra del sufragio, condicionamientos para la entrega de recursos de programas sociales y rebase en los topes de campaña, entre otros.

Según la legislación vigente, las fallas implicarían encarcelamiento de tres y hasta nueve años. Desde el inicio de campañas políticas en esta elección pasada se han ido fraguando toda una serie de atropellos y violaciones a dicha ley, pero aún no se concretan, los partidos políticos iban acumulando delitos electorales.

Según un reciente análisis hecho por Margarita Martínez Fisher y entregado en el Senado de la República y publicado en el Diario Excélsior, el estudio cita algunos ejemplos, como en el caso de Sonora, donde partidos señalan al gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, de apoyar ilegalmente al candidato panista Javier Gándara.

Javier Gándara

Además de la guerra de lodo que involucra hasta el momento a 12 candidatos, en el actual proceso electoral se denuncian públicamente al menos 10 delitos electorales que implican cárcel, como es el caso de los candidatos que se aprovechan de fondos públicos, como los legisladores que no pidieron licencia y mantienen sus dietas y apoyos económicos.

Con base en el catálogo de delitos que contiene la Ley General en Materia de Delitos Electorales, aplicables para elecciones federales, estatales y municipales, en esta campaña son recurrentes las denuncias públicas de la comisión de 10 tipos de delitos, todos ellos implican encarcelamiento, de tres y hasta nueve años de cárcel.

Las campañas sucias están prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ésta faculta al Consejo General del INE y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sancionarla con la cancelación de su difusión y con multas económicas.

Sin embargo, tanto el PAN como el PRD fueron multados por esta falta y 12 candidatos son sujetos de campañas difundidas en redes sociales donde se habla de sus trayectorias y sus actividades políticas, desde una óptica que los muestra como excesivos, corruptos y mentirosos.

En diferentes estados se denuncia la entrega de despensas, delito que está castigado con tres años de cárcel; a decir de los mismos partidos políticos; el PRD y el PAN acusan que el PRI y el Partido Verde distribuyen despensas en estados como Veracruz y Quintana Roo.

Cesar Camacho Quiroz

En este análisis Margarita Martínez Fisher, dice que “en la delegación Miguel Hidalgo opera una política social incorrecta, no solamente se trata de un diseño equivocado, la Protectora, ahora denominada Empleadora para la campaña de David Razú, es en realidad un mecanismo de cooptación; el diseño como programa social no se ajusta a los criterios determinados por el EvalúaDF”.

Otro delito electoral es el que realizan la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), al intentar impedir el proceso electoral, incluso con la persecución a los funcionarios electorales; la Ley castiga con seis años de cárcel los intentos de obstrucción del proceso.

Uno más es la amenaza con la suspensión de la entrega de programas sociales si no se vota por un candidato en específico. Desde ayer circula en las redes sociales y en volantes en las calles de la Delegación Miguel Hidalgo una advertencia de que la candidata del PAN Xóchitl Gálvez es la responsable de la suspensión de la entrega de las ayudas sociales y llaman a los ciudadanos a votar por el PRD para evitar que se cancelen estas ayudas; este delito se castiga con hasta tres años de cárcel.

La compra de votos, que se castiga con hasta seis años de cárcel, ha sido denunciada por todos los partidos; el PRI mostró un video en el que promotoras del voto por el panista Jorge Luis Preciado piden la credencial para votar y ofrecer un vale, a cambio del voto por el panista.

Coaccionar a los trabajadores para votar por un candidato es un delito. Los panistas aseguran que eso ocurre en el estado de Veracruz; los priistas y los petistas afirman que eso sucede en el estado de Sonora.

guillermo padres

El uso de recursos públicos para apoyar a un candidato, y que se castiga con nueve años de cárcel, fue denunciado por el PRI y el PT en el caso de Sonora, donde señalan que el gobernador Guillermo Padrés utiliza el aparato de gobierno para apoyar a Javier Gándara; los panistas hicieron lo mismo con la priista Ivonne Álvarez en Nuevo León y el gobernador Rodrigo Medina.

También se castiga con nueve años de cárcel el que un candidato aproveche “fondos, bienes o servicios” de una institución; en este proceso electoral hay 20 diputados federales y la senadora Layda Sansores, que no solicitaron licencia de sus cargos y, a pesar de ser candidatos, reciben su dieta mensual del Poder Legislativo.

Con esos mismos años de cárcel se castiga el hecho de que las autoridades de cualquier nivel de gobierno desvíen recursos en beneficio de un candidato o el propio servidor público haga la promoción; el Tribunal Electoral acaba de sancionar al PRD, porque David Razú y Víctor Romo utilizaron recursos públicos para promocionarse e incluso incurrieron en adelanto de campañas.

Y el décimo delito electoral más denunciado y que es motivo de la anulación de elecciones es el rebase en los topes de gastos de campaña; Jorge Luis Preciado, en Colima es señalado de gastos excesivos.

Por su parte la Sala Superior del TEPJF revocó la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización del INE, relacionada con las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso electoral federal 2014-2015.

Ulises Ruíz Ortiz

El pleno estimó que la autoridad vulneró los principios de certeza, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, porque dejó de considerar que los precandidatos son responsables solidarios junto con los institutos políticos en la rendición de informes de ingresos y egresos, relativos a las precampañas electorales.

Desde luego aquí en Oaxaca, se registraron graves delitos electorales, muchos de ellos a horas de abrirse la elección, pero particularmente los maestros de la sección 22 fueron quienes realizaron el mayor de los delitos electorales, varios incluso portando armas de fuego impidiendo en muchos de los casos que se efectuaran las  elecciones, con su característica sometieron a los gobiernos federal,  estatal  y municipal en Salina Cruz, Tuxtepec  y Tehuantepec se introdujeron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), quemando boletas electorales y todo lo que encontraron en su camino, con toda libertad destrozaron equipo en oficinas de casas de campaña de diversos candidatos como en Pinotepa Nacional, quienes participaron en esos desmanes quedaron aparentemente detenidos por algunas horas pero luego salieron perdonados por la mismísima Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Oaxaca…

beatriz rodríguez casasnovas

Así también en la ciudad de Tlaxiaco integrantes de “tu voz es mi voz” del Partido de la Revolución Democrática del candidato Sergio López Sánchez amedrentaron, allanaron una casa donde presuntamente habían despensas del PRI, del candidato Heliodoro Díaz Escárraga, golpearon a quienes estaban ahí, fueron utilizados policías municipales y estatales que encañonaron a los jóvenes deteniéndolos con lujo de violencia, brincándose la supuesta ley electoral… El equipo de campaña de Díaz Escárraga no pudo contestar las múltiples y diarias agresiones de que fueron objeto, dejaron permitir todo…

En el mismo día de la elección esos mismos integrantes de la Coalición PRD-PT, empleados del actual ayuntamiento que preside Alejandro Aparicio Santiago de extracción perredista dispuso coaccionar el voto en todas las casillas electorales, operaron perfectamente violando sistemáticamente las  leyes electorales, hasta el momento parece ser que no existe denuncia alguna…

En la capital Oaxaqueña también los maestros de la sección 22 atacaron oficinas del INE, fueron violentadas casillas electorales, quemando boletas y azuzando a la población, todo esto frente a las narices de Gabino Cué que además de su acción de valemadres, le apostó también -violando la ley electoral-, la “inyección” de grandes recursos a sus diferentes candidatos con plena desfachatez, pero que ningún sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló,  salvo el dirigente nacional Cesar Camacho Quiroz cuando vino a apoyar a sus candidatos, de ahí que el transcurso de las campañas políticas estuvieron plagadas de irregularidades, ayuntamientos metidos con personal y recursos a sus candidatos, entrega de despensas,  y un sinfín de anomalías en contra del libre derecho de ejercer el voto.

Elías Cortez

Desde luego que no se pueden apartar a los grupos mafiosos con cabezas visibles -de todos los partidos políticos-, que hicieron aparición de sus respectivos  atracos electorales a sus formas defendiendo a sus honrados candidatos, para ganar la corona de la reina, en ello  los priistas defienden lo indefendible en la capital oaxaqueña, a través de sus candidatos como Beatriz Rodríguez Casasnovas  mejor conocida como la “Titis”, la distinguida Barman y gran amiga de Ulises Ruíz Ortiz, con una carrera precisamente en la Secretaría de Economía Federal oscura, desviando enormes recursos que nunca fueron aclarados,  no escatimaron la compra de votos a favor de ella, o a la candidata del Chuky Jorge Franco Vargas que “inyectó” de recursos a una persona totalmente desconocida por los propios electores,  que la escondió en las siglas del PRI, se sumaron a la serie de violaciones a los procedimientos electorales  con tal de ganar el distrito 09 de Santa Lucía del Camino.

Heliodoro Díaz Escárraga

Luego de finalizar la elección y de los primeros conteos durante la semana , se hizo extraño la conferencia que realizó el PRI Estatal a cargo del torpe Héctor Anuar Mafud Mafud, para salvar a su candidata la “Titis” que siempre ha sido una mala candidata pero que es útil a los intereses mezquinos de Ulises Ruíz, ahí estuvieron quienes pretenden glorificarse del triunfo, como Elías Cortez, otro camaleón que  gusta del camuflaje, de carrera negra y perversa, del juego sucio, defendiendo a su candidata cuando el mismo se ausentó de ella desde el primer día, jugando a su modo porque no le apostaba a nada.

Hoy todos ellos jugando la carta de víctimas, de redentores, en una elección federal con los vicios de siempre, alterando, violando la ley electoral, ellos también son delincuentes electorales, y finalmente la pregunta; ¿Habrá castigo? ¿Existen las  debidas impugnaciones? o  ¿los partidos negociaron el triunfo de adversarios?