- En La Haya, Holanda, se integra un expediente para enjuiciar a Fox, Calderón y Ulises
- Crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en Oaxaca en el lapso 2006-2007
- Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruíz Ortiz, los responsables
- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, abre Caja de Pandora
- Murillo Karam, hoy preso por desaparecidos de Ayotzinapa, fue protector de Ulises Ruiz
- Los perredistas Ricardo Monreal y Carlos Navarrete, se manifestaron por salida de URO
- El panista A. González Alcocer, dijo: “los sectores sociales de Oaxaca quieren que se vaya”
- 26 muertos, miles de detenidos y torturados y dos desaparecidos; Oaxaca, militarizada
- 4 mil 500 de la PFP, entre ellos, integrantes de operaciones especiales de AFI para reprimir
Noelia Ávila Delgado*/Carlos Velasco M.
FOX, CALDERÓN Y ULISES RUIZ,
ANTE LA CORTE DE LA HAYA
A partir del momento en que el asesinato, la tortura, las desapariciones, así como la persecución, se convierten en instrumentos de la “política” o del “gobierno” en cualquier nivel de autoridad, el poder oficial está podrido.
Estos son los casos| de los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, con lo ocurrido en Oaxaca en el lapso 2006-2007, represión que provocó la muerte de 26 personas, dos desaparecidos, cientos de detenidos y torturados.
Ulises Ruiz Ortiz, a la postre gobernador del estado (2004-2010), autorizó al margen de toda legislación, la creación de grupos para-militares, en este caso “las caravanas de la muerte”, sin que alguna autoridad judicial federal o legislativa del país, rechazara estás prácticas criminales a pesar de que se integró una comisión de senadores para viajar a Oaxaca y verificar la situación social y política que prevalecía en esos aciagos momentos para los oaxaqueños, cuyo gobierno era el de un sátrapa.
Para ello, el Partido Acción Nacional, designó a los senadores Alejandro Zapata Perogordo, Ricardo García Cervantes y Humberto Aguilar Coronado, para integrar la citada comisión y al mismo tiempo rechazaron que no recibían línea del entonces líder nacional panista, Manuel Espino.
Jesús Murillo Karam (hoy procesado por el caso Ayotzinapa de 2014), en el 2006 fungía como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta y fue él quien obstaculizó el proceso de defenestrar a Ulises Ruiz, pese a la exigencia del panismo por llevar a cabo un proceso por lo que ocurría en Oaxaca… Mariano Palacios Alcocer, como líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, jugó el papel de cómplice de Ruiz Ortiz, porque lejos de abundar en el caso Oaxaca, se limitaba a denostar a los senadores panistas que exigían enjuiciar y desaparecer poder en la entidad.
Ricardo Monreal y Tomás Torres, senadores perredistas, fueron los otros actores que jugaron un papel secundario en la protección que el priato construyó alrededor de Ulises Ruiz.
El priismo en Oaxaca se movía, pues Héctor Anuar Mafud, presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, TJO, en una reunión con la Comisión de Gobernación del senado, argumentó: el poder judicial sigue funcionando. “Si bien los juzgados de la capital están tomados por la APPO y por la Sección XXII, al interior del estado se trabaja al 90 por ciento… Por ello, no existen condiciones para declarar la desaparición de poderes”.
Y seguían las mentiras para sostener a Ruiz Ortiz, con las declaraciones de Bulmaro Rito Salinas, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del estado, al señalar que: “No procede la desaparición de poderes por el senado, porque el periodo ordinario de sesiones vigente ha sido uno de los más productivos, pues se aprobaron (en la casa de Genaro Vásquez Colmenares, convertida en recinto oficial) cuatro importantes leyes, entre ellas, las de Transparencia que permite instaurar los juicios orales”.
Ricardo Monreal y Carlos Navarrete, ambos del PRD, manifestaron que “por el bien de Oaxaca”, la mejor opción es la salida del gobernador Ruiz Ortiz de Oaxaca… A su vez, el senador panista, Alejandro González Alcocer, advirtió que “la salida menos costosa para todos, es que Ulises Ruiz pida licencia temporal, sin que esto signifique un rompimiento con el PRI”.
González Alcocer, detalló que “la mayoría de los sectores sociales de Oaxaca, han llegado a un punto sin retorno en cuanto a la exigencia de que salga Ulises Ruiz”.
A su vez, los cómplices en el priismo, Jesús Murillo Karam, Ramiro Hernández García y Francisco Agundis del PVEM, manejaban el papel que se les había ordenado y daban largas al asunto.
VICENTE, FELIPE, ULISES Y LOS
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD: SG
Después de varios años, el caso Oaxaca se reabrió, pese al documentado informe que la Comisión de la Verdad dio a conocer hace varios años… La impunidad sigue cubriendo a Ulises Ruiz, a Vicente Fox y a Felipe Calderón.
Esta vez, después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Saltillo, Coahuila, la caja de pandora empieza a abrirse y con ello descubrir y exhibir a los culpables de asesinatos, tortura, desapariciones y desapariciones registradas entre 2006 y 2007… La justicia tarda, pero llega.
Las siguientes, son las palabras del responsable de la política interna en el territorio nacional:
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la demanda contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Corte Penal Internacional de La Haya, “está en periodo de formación de pruebas, y hay otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública) en Estados Unidos”.
La única denuncia mexicana contra Calderón, en La Haya, Holanda, es por crímenes de lesa humanidad de 2006-2007, durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.
La demanda fue presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en abril de 2019, e incluye a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, al ex procurador general de la república y ex secretario de seguridad pública Eduardo Medina Mora y al también ex procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
López Hernández, criticó “la corrupción y todos los negocios que, so pretexto de las tareas de seguridad pública hicieron los gobiernos de Calderón y Fox, de tan triste recuerdo para los mexicanos. Uno promoviendo la cannabis y el otro como cabildero de las transnacionales”.
En su intervención en el Congreso de Coahuila para promover la reforma sobre seguridad, dijo a los diputados estatales: “y si nos da tiempo, podríamos hablar de una verdadera reforma eléctrica que el país requiere”.
A continuación, presentamos la investigación realizada por Noelia Ávila Delgado, acerca der los ocurrido durante la represión 2006-2007 en nuestra entidad.
Oaxaca 2006: el movimiento de la APPO y la militarización de la ciudad capital
A fines de mayo de 2006, los maestros del estado de Oaxaca agrupados en el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), pertenecientes a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaron diversas movilizaciones promoviendo una serie de demandas relacionadas con sus condiciones laborales, (particularmente la rezonificación por vida cara), como lo habían venido haciendo año con año. Esta vez, lejos de buscar el diálogo y la negociación para resolver el conflicto, el Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado en aquél momento por Ulises Ruiz Ortiz, reprimió violentamente al movimiento magisterial el 14 de junio intentando desalojar por la fuerza el plantón masivo que mantenían los docentes en el Zócalo de la ciudad. A partir de esa fecha, en solidaridad con los maestros y en abierto repudio a la represión, diversas organizaciones sociales (indígenas, campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil, etc.) constituyeron un frente de lucha amplio y plural que confluyó en lo que más tarde sería conocido como la “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca” (APPO).
En esta nueva organización tuvieron expresión las demandas de diversos sectores y se evidenciaron los rezagos políticos y sociales del estado, así como una serie de agravios cometidos al pueblo oaxaqueño por el gobernador y su grupo más cercano de operadores políticos, en apenas año y medio que llevaba de gestión. En este corto lapso de tiempo, el gobierno estatal había cometido un sinnúmero de abusos contra distintos movimientos y organizaciones sociales, encarcelando a varios dirigentes sindicales, políticos, campesinos e indígenas, además de una treintena de homicidios políticos en todo el estado. Asimismo, se le acusaba de haber cometido fraude en las elecciones para la gubernatura y de atentar contra el patrimonio cultural de los oaxaqueños, al llevar a cabo distintas obras de remodelación en la ciudad con el fin de desviar recursos para la campaña de Roberto Madrazo, candidato del PRI a la presidencia de la república en las elecciones que se llevarían a cabo en julio de ese mismo año. No obstante este cúmulo de agravios, el desalojo violento del plantón de maestros sería la gota que derramara el vaso, dando salida al descontento y hartazgo acumulados por la población que encontró concreción y cauce en una demanda común: la separación de Ulises Ruíz de su cargo por el mecanismo que fuera: renuncia, licencia, desaparición de poderes o juicio político.
A partir de ese momento, el conflicto crecería exponencialmente generando en poco tiempo un estado generalizado de ingobernabilidad, presentando momentos de gran intensidad. A lo largo de los meses que se extendió el conflicto (esquemáticamente de mayo a noviembre de 2006), el movimiento popular aglutinado en la APPO realizó diversas acciones legales y políticas encaminadas a desestabilizar al gobierno estatal y con ello lograr la salida del mandatario. En el aspecto político, destacan las multitudinarias “megamarchas”, 7 en total (algunas históricas, con más de un millón de participantes); la toma de las sedes de los poderes del estado, así como la toma simbólica de oficinas públicas a través de las denominadas “brigadas móviles”; los paros cívicos y sindicales; los bloqueos de carreteras y la toma de casetas; el bloqueo al Aeropuerto Internacional; la toma masiva de medios de comunicación para contrarrestar la ofensiva mediática del gobierno; el boicot a la Guelaguetza.
Los plantones permanentes en el Senado, la Cámara de Diputados y la Casa de Gobierno, entre otras oficinas estratégicas de la función pública; la marcha caminata a la ciudad de México y; por supuesto, las barricadas, símbolo del movimiento, que a fines del mes de agosto se extenderían a prácticamente toda la ciudad, con el objetivo de impedir los desplazamientos de grupos parapoliciacos identificados más tarde como “caravanas de la muerte”.
LA SALIDA REPRESIVA DEL
GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL
En contrapartida, la estrategia gubernamental, tanto local como federal, se orientó en todo momento hacia una salida represiva, cancelando la vía del diálogo político y la distensión del conflicto a través de los cauces institucionales, -tales como la demanda de desaparición de poderes en el estado- contribuyendo de este modo al desgaste del movimiento y a la polarización de la población en general, todo ello en el marco de la coyuntura electoral de 2006, y la alianza entre el PAN y el PRI que negociaron la permanencia en el cargo de Ulises Ruiz a cambio de ofrecer quórum y legitimidad en el Congreso Federal a Felipe Calderón el día su cuestionada toma de posesión el 1 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo a Víctor Raúl Martínez Vázquez (2007: 39), el chantaje del PRI, -“Si Ulises cae, Calderón también puede caer”-, fue la fórmula que en dicha coyuntura finalmente favoreció la permanencia en el cargo del mandatario oaxaqueño.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO FEDERAL
Para el autor, así debe interpretarse la falta de voluntad política reflejada en las instituciones federales encargadas de encauzar la crisis: el Gobierno Federal, el Senado de la República, la Cámara Federal de Diputados, que en conjunto se negaron a dar salida a la desaparición de poderes,- aunque contradictoriamente sí reconocieron la ingobernabilidad que existía en el estado-, situación que daría paso a la feroz represión del movimiento popular a través de la acción concertada de ambos niveles de gobierno a partir del mes de septiembre de 2006, como parte de una estrategia contrainsurgente y de militarización del estado, la cual ha sido calificada por diversos autores y organismos de Derechos Humanos como “Terrorismo de Estado”.
La serie de acontecimientos suscitados durante los meses que duró el conflicto, se caracterizaron por un proceso de paulatina militarización de la ciudad capital (y aún otras partes del estado), así como por la confrontación abierta entre el movimiento popular y las autoridades locales y federales, incluidas las fuerzas policiacas (PFP y AFI) y el ejército. Diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado las numerosas violaciones perpetradas contra la sociedad oaxaqueña a manos de estas corporaciones; éstas van desde la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento, hasta la creación de fuerzas paramilitares o “escuadrones de la muerte” encargados de rondar la ciudad y ejecutar a todos aquellos sospechosos de pertenecer al movimiento popular. Estos hechos parecen confirmar los dichos acerca de que en Oaxaca la estrategia utilizada por ambos niveles de gobierno en 2006 puede identificarse como “Terrorismo de estado”.
La decisión concertada de enviar a la PFP y al ejército para “resolver” el conflicto y “restaurar” así la gobernabilidad del estado, significó en los hechos la cancelación del diálogo político y de cualquier posibilidad de acuerdo, profundizando la crisis del ya de por sí resquebrajado orden jurídico y del “pacto social” mínimo que permitiera salvaguardar las garantías constitucionales y los derechos de la población. En el marco de este vacío de poder, en los meses de octubre y noviembre, las “caravanas de la muerte” y la PFP que en todo momento estuvo apoyada por el ejército, aumentarían la frecuencia e intensidad de sus operativos, mientras en respuesta, la APPO radicalizaría sus acciones, desatándose nuevos y funestos acontecimientos. Entre otros destacan los ataques simultáneos de grupos parapoliciacos en por lo menos 15 puntos de la ciudad el día 27 de octubre; el operativo del día 29 del mismo mes que tenía como objetivo la entrada y ocupación del Zócalo de la ciudad por parte de la PFP; la represión y derrota de esta corporación en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el día 2 de noviembre; la violenta represión de la manifestación del día 20 de noviembre en las calles del centro histórico; preludio de la brutal jornada represiva que tendría lugar el día 25 de noviembre y con la cual, podemos decir, se cierra este ciclo de confrontación abierta entre la APPO, las fuerzas federales y el Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. A partir de ese momento lo que queda es una ciudad destruida y militarizada, y un gobernador impuesto por las razones de la fuerza, con una legitimidad igual a cero, pero con el respaldo y la garantía del gobierno federal de que podría concluir su mandato a pesar de ser desconocido y repudiado por la mayoría de la población en el estado.
De aquí en adelante y como un ejercicio de acercamiento al conflicto socio-político que recién he ilustrado en trazos gruesos, me ocuparé de elaborar una reconstrucción mínima de los hechos que acontecieron en Oaxaca a partir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre de 2006. Como podré mostrar, en conjunto estos acontecimientos implicaron no sólo la represión abierta al movimiento de la APPO, sino fundamentalmente la militarización de la ciudad (y una parte de la zona conurbada), convirtiéndola literalmente en un campo de batalla donde ambos bandos se disputaban los espacios que consideraban estratégicos para el avance de sus respectivos objetivos.
EL INICIO DE LA REPRESIÓN
El miércoles 14 de junio a las 4:30 de la madrugada inició el desalojo del plantón. Cuando la mayoría de los maestros se encontraba durmiendo en las lonas colocadas en la zona del plantón, los elementos policiacos irrumpieron sin previo aviso, lanzando granadas de gas lacrimógeno y golpeándolos…, empezaron a lanzar indiscriminadamente cilindros contenedores de gas lacrimógenos a los lugares en los que se encontraban los manifestantes, tomándolos totalmente desprevenidos y agrediéndolos de manera desproporcionada respecto del fin que se perseguía. (Documento de Observaciones CNDH, 15/02/2007: 15).
Al amanecer, la intervención fue apoyada desde el aire con un helicóptero propiedad del estado desde donde policías cubiertos con pasamontañas lanzaban granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta de manera indiscriminada a la gente que corría en las calles. “Los rifles para las bombas de gas lacrimógeno no iban dirigidos al piso como debe ser
para que se deslicen las granadas, sino que iban dirigidos a las personas que ahí se encontraban”. (Testimonio 325, CCIODH, 2007: 60) En las agresiones a los maestros con toletes, perros y gas lacrimógeno, resultaron cientos de heridos; en diferentes hospitales se reportaron con nombre y apellido 113 personas (Martínez, 2007).
Durante un par de horas, las carpas y tiendas de campaña fueron destruidas por los policías y luego quemadas en grandes hogueras en el Zócalo de la ciudad. La policía parecía que había logrado su objetivo y se posicionaba en el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía una victoria, rápidamente se convirtió en derrota.
Así que como respuesta al desalojo violento, el 17 de junio sería lanzada la convocatoria para la conformación de la APPO y a ella se integrarían alrededor de 350 organizaciones de todo el estado cuya principal consigna se unificaba en la salida. A partir de ese momento el movimiento popular en alianza con el magisterio se fortaleció mediante una estrategia de estrangulamiento y parálisis de la función pública, realizando “tomas” masivas e intermitentes de las distintas dependencias gubernamentales, manteniendo el control político y territorial de gran parte de la ciudad.
En este escenario de fortalecimiento, el 1 de agosto tras una marcha de mujeres bautizada como “De las Cacerolas”, en un hecho sin precedentes miles de ellas decidieron tomar las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV-Canal 9), con el objetivo de contrarrestar la campaña mediática del gobierno y de informar a la población los verdaderos motivos de las movilizaciones. La toma del Canal 9 resultó en un hecho trascendental tanto para el curso posterior del movimiento, como para la participación de las mujeres. Esta acción había marcado un límite y significó en los hechos un cambio de estrategia por parte del gobierno.
APARECEN “LAS CARAVANAS DE LA MUERTE”
A partir de ese momento se da inicio a una escalada represiva que incluyó detenciones selectivas, secuestros y ataques con francotiradores a las marchas y los plantones instalados en las sedes gubernamentales que permanecían tomadas. En el marco de esta nueva estrategia, el 10 de agosto fue asesinado José Jiménez Colmenares y a fines de este mismo mes, el Canal 9 fue atacado por un comando armado. Con estos hechos se termina la etapa inicial de triunfos y ascenso del movimiento popular, y la correlación de fuerzas cambia a favor del gobernador Ulises Ruiz. En la siguiente etapa aparecerán los grupos parapoliciacos o “caravanas de la muerte”, mientras en respuesta, del lado de la APPO, se harán presentes nuevos actores y formas de organización como las barricadas.
Represión selectiva y nuevas formas de organización popular (10 de agosto al 27 de octubre)
A partir del 10 de agosto el conflicto entra en su etapa más intensa. Son los días en que la salida de Ulises Ruiz parece ser una posibilidad real y cercana. Pero al mismo tiempo la represión se recrudece a través de los ataques de los comandos parapoliciacos conocidos como “caravanas de la muerte”. El movimiento popular pierde la fuerza inicial de los primeros días pero simultáneamente se consolida una nueva forma de autodefensa y organización que a la postre se convertirá en el símbolo del movimiento: las barricadas.
Como modus operandi, las llamadas “caravanas de la muerte” son integradas por grupos parapoliciacos vestidos de civil fuertemente armados que recorren las calles de la ciudad (en ocasiones a bordo de vehículos oficiales), casi siempre en horario nocturno y que a su paso efectúan disparos contra la población civil. De acuerdo al Informe de la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos (CCIODH), lo grave de esta situación es que “ya no estamos ante un modelo de intervención que se dé en un día concreto y que responda a un grupo policial específico, sino que nos encontramos con un escenario plagado de actores diversos cuya pertenencia y procedencia no está clara, que actúan con regularidad en el tiempo y que van aumentando la intensidad del conflicto, los enfrentamientos y las muertes, configurando cada vez más un escenario de violencia armada” (CCIODH, 2007).
A lo largo del mes de agosto en la ciudad de Oaxaca se produjeron 3 muertes en ataques y enfrentamientos de este tipo. Entre ellos se encuentra el del mencionado José Jiménez Colmenares, quien murió acribillado por francotiradores el 10 de agosto cuando participaba en una marcha. En los siguientes días los ataques de estos grupos se intensificaron. El 20 de agosto por la madrugada, un comando armado disparo en el Cerro del Fortín contra las antenas y los equipos del Canal 9 y la radio estatal que aún permanecían en manos del movimiento, destruyendo los transmisores por lo que súbitamente ambas señales salieron del aire. Estos medios, junto con Radio Universidad, se habían convertido en instrumentos estratégicos para organizar las acciones del movimiento y para comunicarse con la sociedad en general; así qué como respuesta a los ataques, la APPO apoyada por la población, la madrugada de ese mismo día en una acción espontánea, tomó las doce estaciones radiodifusoras que existían en la capital. En los días posteriores se entregaron diez de las doce estaciones tomadas, conservando únicamente La Ley710AM(que se convertiría en La Ley del Pueblo)y Radio Oro 1120FM (rebautizada como RadioAPPO). Un día después del ataque al Cerro del Fortín, el 22 de agosto, por la madrugada un grupo más amplio de estos comandos parapoliciacos, algunos de ellos encapuchados, se desplazaron en cerca de cuarenta camionetas atacando la barricada de Radio La Ley, donde asesinaron al arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes quien se encontraba haciendo guardia en el lugar.
Frente a esta escalada de violencia, la APPO radicaliza sus acciones y a partir del día 22 de agosto decide impulsar la instalación de barricadas por toda la ciudad y zonas conurbadas con el fin de impedir los desplazamientos de estos comandos asesinos. Fue así qué como mecanismo de autodefensa, rápidamente se instalaron barricadas en avenidas y calles importantes, pero también en las colonias populares donde los vecinos se organizaban para protegerse. Éstas en poco tiempo se multiplicaron abarcando prácticamente toda la ciudad. “Se calcula que en su punto más elevado (a principios de septiembre) había alrededor de mil 500” (Ortega, 2009).
Cada noche, utilizando todo objeto que obstruyera el tránsito, desde piedras, troncos, fierros, autopartes, costales rellenos de arena o tierra y aún las mismas alcantarillas, se levantaron cientos de barricadas por toda la ciudad, desde las 10 de la noche y hasta las seis de la mañana. “A partir de ese momento los vecinos organizados tomaban las calles, encendían fogatas, colocaban piedras y asumían el control de la circulación de vehículos y personas, en esas circunstancias moverse por la ciudad resultaba muy difícil. Se hacía sentir el control de los ciudadanos sobre su territorio” (Martínez, 2007).
Sobre este tema Héctor Ballesteros apunta:
A principios de septiembre de 2006, en un momento en que las barricadas surgían por toda la ciudad de Oaxaca, era evidente que un acontecimiento sin precedentes estaba teniendo lugar: la ciudad se había convertido en un laboratorio. Nunca en la historia contemporánea del país, en ninguna ciudad, un entramado de barricadas se había producido a una escala tan grande, nunca se había intervenido el tejido urbano con una amplitud tal de construcciones espontáneas, lo que implicaba a su vez que nunca la población de una ciudad había tomado el control de un área urbana tan extensa (Ballesteros, 2008).
Es indudable que las barricadas cumplieron un papel fundamental en la autodefensa del movimiento y en contra de los ataques de los grupos parapoliciacos pero, más allá de eso, ciertamente mostraron el control efectivo que el movimiento ejercía sobre la ciudad y la capacidad de respuesta y organización que podían mostrar en caso de una intervención policiaca. Este control sobre el territorio se potenciaba gracias a la radio que servía de enlace entre todas ellas para advertir sobre los desplazamientos de las “caravanas de la muerte”.
Por otra parte, paralelamente a la formación de las barricadas se llevaban a cabo las negociaciones con la Secretaría de Gobernación y se impulsaba en el Senado la solicitud de desaparición de poderes que, sin embargo, no prosperaba. En estas condiciones, como una forma de presión, la APPO decidió trasladarse de manera masiva a la ciudad de México. El 21 de septiembre salió de Oaxaca la Marcha Caravana por la Dignidad de los Pueblos de Oaxaca “14 de junio no se olvida”, en la cual participaron alrededor de tres mil maestros del MDTEO-Sección XXII, mil personas más de distintas organizaciones sociales y cientos de ciudadanos independientes. La marcha llegó al D.F. después de 19 días, -el 9 de octubre-, y se instaló en plantón indefinido frente al Senado de la República. Esta movilización fue quizás la iniciativa más importante de la APPO para extender la lucha a otros estados del país y romper el aislamiento en que se encontraba el movimiento a nivel nacional.
No obstante estos esfuerzos, finalmente, el 19 de octubre, después de examinar el informe de la comisión, el Senado en un dictamen lleno de contradicciones declaraba, “no ha lugar a la ausencia o inexistencia, de todos los poderes de Oaxaca”. El PAN y el PRI se aliaron y lograron imponer con 74 votos contra 31 esta resolución que cancelaba definitivamente la vía institucional para conseguir la salida del gobernador. (La jornada, 20/10/06) Una vez cerrada esta instancia legal, sólo quedaba la vía represiva para solucionar el conflicto.
Es por estas fechas que el Gobierno Federal endurece su postura y plantea abiertamente la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza pública para “restablecer el orden y el estado de derecho” en la entidad. En esta fase el ejército aparece en escena en funciones de observación y coordinación. Ya desde principios de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) había desplazado a la ciudad de Oaxaca elementos del 36 Batallón de Infantería, provenientes de Minatitlán, Veracruz y los había asentado en la 28 Zona Militar. El 1 de septiembre el Ejército Federal inició patrullajes en distintas regiones de Oaxaca y se observaron vehículos militares que transportaban soldados y que eran escoltados por la Policía Municipal. El 2 de octubre hubo vuelos de helicópteros de la Armada de México y fuerzas militares, que desembarcaron en Salina Cruz y avanzaban hacia la ciudad capital. Fueron estacionados en el helipuerto naval de Salina Cruz, en el Aeropuerto Internacional y en el apostadero naval de Bahías de Huatulco al menos 10 helicópteros tipo Puma y dos aviones de transporte de la Armada de México. Había también, un número impreciso de tanquetas, camiones de comando, vehículos todoterreno, y efectivos de Infantería de Marina. El 10 de octubre la Marina de México declaraba que todos estos desplazamientos formaban parte de ‘‘ejercicios de adiestramiento’’ de rutina (CCIODH, 2007).
De esta forma, con los cauces institucionales cancelados y con la amenaza de una inminente represión, el movimiento popular se encontró ante un panorama muy complicado en los últimos días de octubre. A pesar de eso, la APPO todavía tenía una capacidad de convocatoria enorme y continuaba con el control de la ciudad. Convocó entonces a un paro estatal de 48 horas para los días 27 y 28 de octubre; jornada de lucha pensada como una gran ofensiva que sin embargo terminaría en su primera gran derrota.
El día 27 de octubre se registraron ataques simultáneos en por lo menos 15 puntos de la ciudad. En cinco acciones coordinadas, la Policía Ministerial y la Preventiva, así como civiles armados no identificados atacaron las barricadas y bloqueos de la APPO. De estas acciones especial atención merece la que tuvo lugar en Santa María de Coyotepec con el desalojo de la Casa de Gobierno, por la particular violencia con que se desarrolló.
En esta fecha también se realizaron ataques en la Colonia Santa Lucia del Camino, en San Bartolo Coyotepec y en la Colonia La Experimental donde se encuentra la sede de la Procuraduría de Justicia del Estado. En estas zonas después del mediodía, se desencadenaron una serie de acontecimientos con mucha violencia por parte de personas no uniformadas que iban armadas (y con el consentimiento o colaboración de efectivos de la policía estatal). El trágico resultado de esta jornada de violencia, con balaceras indiscriminadas y francotiradores incluidos, fue de 3 personas muertas (el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Will en Santa Lucía del Camino, el profesor Emilio Alonso Fabián y el comunero Esteba Ruiz en Santa María Coyotepec) y 23 heridos (13 en Santa María Coyotepec, 5 en la colonia La Experimental y 5 en Calicanto en Santa Lucía del Camino). Por la magnitud y coordinación de estos ataques es obvio que se trató de una ofensiva perfectamente planeada. Finalmente, la muerte de Brad Will se convirtió en la excusa que el gobierno federal necesitaba para enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca.
Ofensiva represiva. La toma y militarización de la ciudad (27 de octubre al 25 de noviembre)
La APPO por su cuenta hacía un llamado a resistir de manera pacífica, con flores y pancartas, pero sin confrontar a los uniformados. En algunos puntos la gente se limitaba a cantar el himno nacional, leer versículos de la biblia, o simplemente gritar consignas contra el gobierno. En otros puntos para evitar el avance de la PFP, a su paso se instalaron barricadas que finalmente fueron removidas, registrándose duros enfrentamientos. En el caso de los más violentos, la PFP con trascabos y grúas retiraba las barricadas y atacaba a los manifestantes con gases lacrimógenos y agua con químicos rociada desde las tanquetas. Cerca del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), se dio uno de los enfrentamientos más cruentos. Ahí fue asesinado el enfermero Alberto López Bernal, al ser alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno. En algunos otros puntos del trayecto, los manifestantes lanzaban bombas molotov, e incendiaban camiones, logrando ganar tiempo y retrasar el avance de la PFP.
Finalmente, alrededor de las cinco de la tarde y tras largas horas de enfrentar la resistencia, la PFP arribó al Zócalo donde se instaló en ocupación, supliendo desde ese momento al plantón de la APPO; sin embargo, todavía no era dueña de la ciudad. A las dos de la tarde una marcha en protesta había salido del Monumento a Juárez, llegando alrededor de las 6:00 pm al Zócalo, donde se vivieron momentos de gran tensión. En un principio la PFP se replegó hacia las calles aledañas y la APPO realizó su mitin pero, por la noche, totalmente rodeados por la PFP, los contingentes que aún permanecían en el centro de la ciudad, se retiraron en un repliegue táctico a las instalaciones de Ciudad Universitaria. El saldo final de esta jornada fue de tres muertos (todos del movimiento popular), 10 heridos, 50 detenidos, 15 autobuses y cuatro vehículos incendiados, un agente de la PFP retenido y una tanqueta tomada por la APPO. (La Jornada, 30/10/2006).
La batalla por el control de la ciudad apenas comenzaba. En los días siguientes a la llegada de la PFP, se desarrollan una serie de operativos dirigidos a recuperar el control de la ciudad y las instalaciones tomadas por la APPO. Por su cuenta, un día después del arribo, el 30 de octubre, en repudio a lo que denominaron “ejército de ocupación”, la APPO convocó a 3 movilizaciones simultáneas en las que participaron alrededor de 10 mil personas. Estás partieron de distintos puntos de la capital, -el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el Mercado Santa Rosa y la Procuraduría de Justicia-, y se dirigieron al Zócalo. A la demanda de la salida de Ulises Ruiz se sumaba ahora la del retiro inmediato de las fuerzas federales. En respuesta, la PFP se atrincheró con sus tanquetas y no permitió el paso a los manifestantes. En esta jornada se registraron varios enfrentamientos en la calle de Valerio Trujano y 20 de noviembre; desde ahí se les lanzaban piedras y cohetones a los policías que respondían con chorros de agua y colocaban en las bocacalles vallas metálicas y tanquetas para defenderse. (La Jornada, 1/11/06) El Zócalo se había convertido en un verdadero bunker.
En un ambiente cada vez más militarizado y opresivo, la APPO no abandona su ofensiva de expulsar a la PFP. El 5 de noviembre realiza su sexta megamarcha en la cual participan alrededor de un millón de personas. Con esta movilización, la APPO logra demostrar su fortaleza a pesar de meses de desgaste y, con un movimiento todavía vigoroso, realiza su Primer Congreso Constitutivo del 10 al 13 de noviembre. Dentro del plan de acción se programaron varias movilizaciones. Entre ellas destaca el acuerdo de realizar una séptima megamarcha que culminaría con un “cerco total” a la PFP, el día 25 de noviembre. La idea era bloquear de manera pacífica todos los accesos al Zócalo (que para ese momento se había convertido en el cuartel de las fuerzas federales) y durante 48 horas no dejar entrar ni salir a ningún elemento de la policía. Para la marcha se propuso como punto de partida la Casa de Gobierno ubicada en Santa María Coyotepec. En esta manifestación participaron aproximadamente 200 mil de personas.
Después de su arribo al centro histórico aproximadamente a las 3 de la tarde, el curso de las acciones de parte de ambos bandos se desarrollaba de manera pacífica. Sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde comenzaron los enfrentamientos. En todo el centro de la ciudad, pero sobre todo en el Andador Turístico “Macedonio Alcalá”, la PFP comenzó a atacar a los manifestantes con gases lacrimógenos y canicas lanzadas desde las azoteas. Por su parte, grupos de la APPO respondieron con resorteras y bazukas improvisadas con cohetones. La gente intoxicada por los gases y herida por los golpes de las canicas comenzó a retroceder (Ortega, 2009).
Los combates se extendieron luego a las bocacalles del norte y el oriente del primer cuadro. En cuestión de minutos la violencia se generalizó. Los miembros de la APPO incluso destrozaron banquetas y jardineras para obtener pedazos de concreto y piedras para defenderse. Las tanquetas fueron utilizadas en varias ocasiones para dispersar con chorros de agua a los manifestantes (Martínez, 2007).
En el operativo, (que estuvo respaldado por la policía estatal y municipal), participaron 4 mil 500 efectivos de la PFP, incluidos los grupos de operaciones especiales de la AFI, y participaron también grupos de personas no uniformadas que portaban armas de grueso calibre. En algunos casos, incluso hubo coordinación o coadyuvancia de efectivos militares (CCIODH, 2007).
Luego de un primer enfrentamiento vendría otro después, hasta que la PFP llegó a la plaza de Santo Domingo donde incendió el plantón de la APPO y detuvo a varias personas. En la confusión, diversas oficinas y edificios públicos también fueron incendiados y ardieron toda la noche, sin que hasta la fecha haya quedado claro quien llevó a cabo estas acciones; el gobierno culpa a los manifestantes y a su vez éstos se cuestionan: “¿Por qué los bomberos no acudieron a sofocar estos incendios? ¿Por qué se quemaron edificios fundamentales para la inspección hacendaria y en zonas que estaban bajo el área de influencia de la PFP?” (Martínez, 2007).
El saldo del enfrentamiento, registrado el sábado 25 de noviembre en Oaxaca, fue reportado por el diario Reforma: 152 personas detenidas, 20 vehículos y automóviles quemados y 19 inmuebles dañados, entre los cuales se encuentran, el Tribunal Superior de Justicia, oficinas del Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez, el Hospital Molina, las Oficinas de Relaciones Exteriores, la Asociación de Hoteles y Moteles, el SAT, la Secretaría de Turismo, el Hotel Camino Real, el Restaurante Copal, una sucursal de Banamex, la sucursal de Telmex, la mueblería Nueva, las oficinas de Aviacsa, la Plaza Santo Domingo, la tienda Piticó, una oficina de caja de ahorro y dos casas habitación. (Reforma, 26/11/2006).
Según refiere el Informe de la CCIODH, el 25 de noviembre la PFP realizó cientos de detenciones arbitrarias e impuso un régimen de terror en toda la ciudad. Por la noche y en los días siguientes se realizaron cateos y rondines. El saldo total reportado por dicho Informe es de 31 desaparecidos y 203 detenidos, de los cuales 142 fueron trasladados al penal de Nayarit y el resto a Matamoros. De acuerdo a varios testimonios, después de ser capturadas las persona eran llevadas al Zócalo y al Parque El Llano que fueron utilizados como centros de detención y tortura. Desde mi punto de vista este tipo de acciones buscarían generar un efecto “ejemplarizante” de carácter simbólico. Es decir que el Zócalo fue visto por la PFP como una “caja de resonancia” desde donde se podía diseminar el miedo al resto de la ciudad.
Tras el operativo realizado el 25 de noviembre la PFP continuó mantenido una fuerte presencia en la ciudad de Oaxaca. Durante semanas, los accesos al Zócalo y a algunas zonas de la ciudad continuaron cerrados y fuertemente vigilados. Se trataban de impedir las concentraciones de población en las calles, restringiendo el uso del espacio público, incluso para la realización de algunas festividades o eventos tradicionales, como el de la Noche de Rábanos el 23 de diciembre. Frente a los embates de la violencia represiva, la APPO fue perdiendo fortaleza y las posibilidades de transformación quedaron canceladas.
De este modo, se cierra uno de los ciclos más dolorosos en la historia reciente de Oaxaca; con un gobernador impuesto por las razones de la fuerza, que es odiado por el pueblo de Oaxaca a quien dice gobernar; con 26 personas muertas, cientos de detenidos y torturados, una ciudad destruida y completamente militarizada.
* Posgrado en Ciencias Sociales- Universidad Autónoma Metropolitana- X. nadcsuamxoc@gmail.com.