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Diputados del PAN, PRI, PRD, PT y sólo tres de MORENA concretaron.
- Difícil de entender, votaron a favor 18 legisladores opositores a MORENA.
- Anticipan algunos analistas que la reforma será invalidada por el TEPJF.
- Piden a Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, investigar a legisladores.
- Modelo neoliberal falló. ¿Cómo funcionará el propuesto por López Obrador?
- Renuncia de Carlos Urzúa a titularidad de Secretaría de Hacienda, provoca ruido.
Eduardo Ruiz Healy
La constitución de Baja California fue reformada en octubre de 2014 y estableció que “Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
Por lo anterior, el gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, fue elegido para un periodo de sólo 24 meses tras ganar la elección del 2 de junio pasado.
Sin embargo, 21 de los 25 diputados que conforman la XXII Legislatura, que concluirá el 31 de julio entrante, decidieron reformar de nuevo la constitución para ampliar el periodo del gobierno que a partir del 1 de noviembre encabezará Bonilla. Ahora la ley suprema de Baja California establece que “Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del estado en el proceso electoral federal del 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre del 2019 y concluirá el 31 de octubre del 2024”.
En estos tiempos de polarización y sentimientos extremos a favor o en contra de MORENA y su fundador, muchos creen que una mayoría morenista es la que hizo posible la reforma bajacaliforniana.
Por ejemplo, un radioescucha me escribió lo siguiente (que transcribo fielmente): “El voto del 52% de los q salieron a votar en BC votaron X 2 años, son jijos d toda su los pejezombies morenistas del congreso local q se burlen del pueblo aumentando a 5 años!!!!!”.
Sin embargo, se equivocan quienes creen que fue una mayoría morenista la que amplió el periodo de Bonilla, ya que la XXII Legislatura fue electa en 2016, cuando el PAN era el partido dominante en Baja California, y está conformada por 12 panistas, cinco priistas, sólo tres morenistas y uno de cada uno de los siguientes cinco partidos: PRD, PT, MC, PBC y Transformemos.
Así las cosas, el 5 de julio pasado votaron para prolongar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla nueve de los 12 diputados panistas (José Félix Arango, Raúl Castañeda, Ignacio García Dvorak, Mónica Hernández, Alfa Peñaloza, Sergio Tolento, Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca e Iraís Vázquez Aguiar), los cinco priistas (Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Edgar Gómez Macías, Bernardo Padilla y Blanca Patricia Ríos), los tres morenistas (Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán y Catalino Zavala), el emeceista (Job Montoya), la perredista (Rocío López Gorosave), la petista (Claudia Agatón) y el transformador (José Antonio Casas).
Eva María Vásquez (PAN) convenientemente abandonó la sala del pleno durante la votación, absteniéndose de votar, mientras que no asistieron a la sesión Andrés de la Rosa (PAN) y Jorge Núñez (PBC).
El único voto en contra lo emitió el panista Miguel Antonio Osuna Millán.
En resumen: por si sola, la minoría morenista en el congreso bajacaliforniano no podría haber aprobado la reforma constitucional que, en opinión de muchos, será declarada ilegal e invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La reforma fue posible porque votaron a su favor 18 legisladores opositores de MORENA.
Algunos ya piden que los investigue la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
MODELO NEOLIBERAL, FALLÓ; EL PROPUESTO POR AMLO, FALLARÁ…
El mal llamado modelo neoliberal que impusieron los tecnócratas que se apoderaron del gobierno federal al llegar Miguel de la Madrid a la presidencia en 1982, supuestamente iba a contribuir a elevar el nivel de vida de los mexicanos y promover el desarrollo económico del país.
De la Madrid heredó un país en crisis y durante su gobierno aumentó a 53.5 el porcentaje de mexicanos pobres.
Al empezar el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), 19.0% de la población padecía pobreza alimentaria, 24.5% de capacidades y 44.7% patrimonial. Al concluir, 21.2% vivía en pobreza alimentaria, 30.0% de capacidades y 52.4% patrimonial. (Ver definiciones al final de la columna).
El número de pobres aumentó durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). La devaluación de diciembre de 1994 causó que en los primeros dos años de su gobierno, poco más de 15.6 millones de mexicanos cayeran en pobreza alimentaria. En 1996, 37.4% de los mexicanos sufría pobreza alimentaria, 56.9% de capacidades y 69.0% patrimonial.
Vicente Fox (2000-2006) asumió el gobierno de un país en el que 24.1% de sus habitantes vivía en pobreza alimentaria, 31.8% de capacidades y 53.6% patrimonial. Su gobierno logró bajar estos porcentajes a sus mínimos históricos. En 2006, 13.8% estaba en pobreza alimentaria, 20.7% de capacidades y 42.7% patrimonial.
La crisis económica mundial de 2008 golpeó fuerte a México. Al concluir el gobierno de Felipe Calderón en 2012, 20.0% de los mexicanos padecía pobreza alimentaria, 28.0% de capacidades y 51.6% patrimonial.
Finalmente, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el último año para el que hay datos disponibles, 17.5% de la población sufría pobreza alimentaria y 50.6% patrimonial. La de capacidades no se midió ese año.
En resumen, de 1988 a 2016 la pobreza alimentaria disminuyó 1.5 puntos porcentuales y la patrimonial aumentó 5.9 puntos; de 1988 a 2012, la de capacidades se redujo en 2 puntos.
Estos son algunos de los malos resultados del supuesto modelo neoliberal que el presidente Andrés Manuel López Obrador condena y sus detractores defienden.
El problema es que el modelo que AMLO quiere imponer es una combinación del llamado Desarrollo Estabilizador que se aplicó de 1954 a 1970 y las políticas populistas que se aplicaron de 1970 a 1982. El primero contribuyó a disminuir la pobreza, pero promovió la concentración de la riqueza y permitió la ineficiencia industrial, entre otras cosas; las segundas arruinaron al país.
Sólo sin corrupción, con mecanismos que impulsen una mejor distribución de la riqueza, con un sistema educativo de calidad y con niveles mínimos de criminalidad, un modelo auténticamente liberal promoverá el desarrollo de la economía del país y de sus habitantes.
Ojalá que Andrés Manuel rectifique.
Definiciones: Pobreza alimentaria: la persona no puede adquirir una alimentación mínimamente aceptable; pobreza de capacidades: el individuo satisface sus necesidades mínimas de alimentación, pero no las necesidades mínimas de educación y salud de cada miembro familiar; pobreza patrimonial: la persona satisface sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero no los mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada miembro del hogar.
POR QUÉ SE FUE URZÚA; RENUNCIA PROVOCA SEVERAS ESPECULACIONES
“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda… durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco… me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
Estas son las frases más importantes que contiene la carta de renuncia que ayer le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador el ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.
Hubiera sido bueno que Urzúa explicara cuales fueron algunas de las muchas discrepancias que hubo entre él y el presidente.
También que anotara cuáles fueron las decisiones de política pública que hasta ahora ha tomado el gobierno de la 4T sin el suficiente sustento e influidas por extremismos de izquierda o de derecha.
Por no ser más explícito, Urzúa dejó abierta la puerta para que los comentaristas, analistas y demás opinadores especulemos sobre los diferendos que hubo entre él y AMLO y las decisiones extremistas carentes de sustento.
También se discutirá ampliamente sobre quiénes son los “funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” que fueron impuestos por “personajes influyentes del actual gobierno” y cuál es el “patente conflicto de interés” de estos últimos.
Urzúa difundió la carta de su renuncia a través de su cuenta de Twitter @CarlosUrzuaSHCP a las 11:15 horas (Centro) de ayer, horas después de que Andrés Manuel concluyera su conferencia de prensa matutina.
Nada hacía suponer que durante la mañanera estaría presentando su dimisión y menos si tomamos en cuenta que Urzúa tuiteó, el jueves de la semana pasada, lo siguiente: “No se pierdan estos videos que explican qué es la política económica del @GobiernoMX y el trabajo que hacemos en @Hacienda_Mexico. Aprovecho para agradecer a los más de 100 mil que me siguen”.
¿Qué ocurrió para que quien el 4 de julio presumía la política económica del gobierno renunciara cinco días después por todas las causas anotadas en su carta de renuncia? ¿Cuál de todos los funcionarios que le fueron impuestos en la SHCP actuó de manera tal que no le quedó otra alternativa que renunciar?
Urzúa está obligado a dar las explicaciones pertinentes. Máxime porque AMLO aseguró que todos los integrantes de su gobierno se comprometían a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo?”.
La intempestiva salida del gabinete no pareció afectar a Andrés Manuel porque exactamente una hora después de que Urzúa difundiera su renuncia por Twitter el presidente anunció por misma red social que nombró al subsecretario Arturo Herrera como nuevo titular de la SHCP.
La especulaciones, rumores y chismes en torno a la renuncia de Urzúa no ayudarán a fortalecer la imagen del gobierno entre quienes controlan los capitales y continuarán hasta que surja, tal vez mañana, una nueva noticia que atraiga la atención de todos.
¿EL PUEBLO ESPERARÁ QUE POLÍTICAS DE LA 4T MUESTREN RESULTADOS?
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la violencia e inseguridad, que devastan varias zonas del país, desaparecerán una vez que se reduzca la desigualdad y cuando la mayoría de los mexicanos perciba mayores ingresos, reciba una educación de calidad, practique deportes, realice más actividades recreativas, tenga acceso a las diversas manifestaciones culturales, y ponga en práctica los altos valores que, según él, caracterizan a nuestra sociedad.
También ha dicho a menudo que la violencia institucional no es la solución para resolver la violencia que resulta de diversas actividades delincuenciales.
Indudablemente tiene razón al afirmar que la violencia y la inseguridad se reducirán conforme los mexicanos que menos ingresos perciben accedan a una mejor calidad de vida. Sin embargo, a diferencia de él, creo que la violencia del Estado se justifica para detener lo actos de criminales acostumbrados a operar con una casi absoluta impunidad.
El 20 de marzo pasado, una nota de la reportera Dora Villanueva en el diario La Jornada anotó que, de acuerdo a un reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “La pobreza alcanza a 33.6% de la población y 42.8% se encuentra en condición de vulnerabilidad, lo que implica que están a un escalón también de ella, según los parámetros de los organismos internacionales”.
Si consideramos que México tiene actualmente casi 127 millones de habitantes, estamos hablando de casi 43 millones de pobres y poco más de 54 millones en condición de vulnerabilidad.
La realidad muestra que la mayoría de los integrantes de una organización criminal pertenecen a los estratos pobres y vulnerables, mientras que de las clases media y alta provienen los financieros y empresarios que mueven el dinero de los delincuentes, los abogados que los defienden legalmente y los políticos y funcionarios públicos que los protegen.
Alcanzar las metas fijadas por AMLO para que nuestra sociedad sea más igualitaria no será fácil. Lo que no se pudo lograr en los casi 200 años desde que México alcanzó su independencia, no se logrará en un solo sexenio ni en dos, quién sabe en cuántos, pero es necesario empezar ya.
El presidente insiste en señalar que su gobierno no representa un cambio de administración, sino de régimen, lo que significa que pretende destruir todo lo que a su juicio no funcionó o funcionó mal hasta el 1 de diciembre de 2018 y reemplazarlo con nuevas formas de administrar al país.
Si las nuevas políticas y estrategias del gobierno de la Cuarta Transformación empiezan a disminuir los niveles de pobreza y vulnerabilidad de 97 millones de personas, es muy probable que veamos una disminución en las tasas de delincuencia, que en nuestro país son escandalosas.
Lo único que debemos preguntarnos es si la mayoría de los mexicanos está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para reducir la violencia y la inseguridad.
Las encuestas señalan que se está agotando la paciencia de un pueblo agredido por la delincuencia desenfrenada. Andrés Manuel se equivocará si opta por ignorar esta realidad.
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