- Nadie tan criticado como el presidente López Obrador.
- Ubicar al Presidente como ser humano, recomendación.
- Aplauden cierre de ductos de Pemex; lamentan escasez.
- Declaración patrimonial de funcionarios, prueba de fuego.
Eduardo Ruiz Healy
Creo que ningún gobernante del México contemporáneo ha sido tan cuestionado y criticado por sus detractores como ahora lo está siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde que ganó la elección presidencial, del 1 de julio pasado, sus detractores se manifiestan en contra de casi todo lo que dice y hace. Si da conferencias de prensa diariamente, está mal. Si viaja en un avión comercial, está mal. Si decretó que Los Pinos dejara de ser la residencia oficial de los presidentes y sus puertas se abrieran al público, está mal. Si se deshizo del avión presidencial para venderlo, está mal. Si no habla de corridito, está mal. Si hace consultas populares, está mal. Si cancela las obras de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está mal. Si decide construir el Tren Maya, está mal. Si decide crear la Guardia Nacional, está mal. Si sus diputados hacen lo que les pide, está mal. Si le baja los altos sueldos de la alta burocracia, está mal. Si dedica miles de millones del presupuesto federal a programas para apoyar a adultos mayores, discapacitados, madres solteras y jóvenes que no estudian y trabajan, está mal. Si usa adjetivos como fifí o conservador para calificar a sus críticos y adversarios, está mal. Si dice una cosa un día y otra cosa otro día, está mal. Si acepta que no cumplirá algunas de sus promesas de campaña, está mal y si las cumple también, está mal. Y así, ad infinitum, todo lo que hace y dice el Presidente, esta mal.
Del oro lado de la moneda están los que ven al presidente como el individuo bajo cuyo liderazgo México por fin resolverá todos sus problemas; que durante su gobierno se acabarán gran parte de la corrupción, la injusticia, la pobreza, la ignorancia, la violencia y la criminalidad que desde siempre, a veces en mayor y a veces en menor medida, han sido parte de la vida de los mexicanos. Para ellos Andrés Manuel es incapaz de equivocarse y, que cuando lo hace, rectifica tan pronto se da cuenta de su error; es un hombre bueno y honesto que con su ejemplo hará que todos quieran ser como él; es un ser humano extraordinario que solo busca el bienestar de todos, empezando por el de los pobres. Sus defensores son más que eso, son sus apologistas y muchos de ellos, con tal de defender sus ideas, palabras y acciones son capaces de actuar con violencia olvidándose del mensaje de amor y paz que pregona su líder.
La realidad es que tanto los críticos a ultranza del Presidente como sus apologistas más furibundos están equivocados, porque él es, a fin de cuentas, un ser humano como cualquier otro, si bien un político brillante que llegó al cargo más importante del país gracias a su tenacidad y capacidad organizativa y porque entendió lo que quieren más de la mitad de los mexicanos.
Es país está muy divido y todos debemos tratar de ser lo menos subjetivos posible cuando analizamos al presidente de México y su gobierno para así no contribuir a dividir más al país; no debemos ser críticos inexorables ni apologistas irracionales. Debemos tender, hasta donde nos sea posible, al justo medio, por más difícil que nos resulte.
CERRAR DUCTOS, PASO IMPORTANTE; NO MEDIR CONSECUENCIAS, ERROR
En mayo de 2017, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el valor del combustible robado era de entre 15,000 y 20,000 millones de pesos al año. En noviembre del año pasado, su sucesor en el cargo, José Antonio González Anaya, aseguró que la cifra era de casi 35,000 millones de pesos (unos 1,750 millones de dólares anuales).
PEMEX reportó el primer caso de robo de combustible de sus ductos en 2000, cuando concluía la administración de Ernesto Zedillo. El delito fue en aumento durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante esas dos décadas nadie se quejó de tan terrible situación con la fuerza y el enojo que hoy vemos en quienes protestan, y con toda la razón, por el cierre de cientos de gasolineras del país que se quedaron sin gasolina y diésel luego de que PEMEX cerrara diversos ductos que diariamente transportan centenas de miles de barriles de estos combustibles por todo el país.
De acuerdo con la opinión de los expertos en materia petrolera, cerrar los ductos era necesario para poder realizar un procedimiento llamado “corrida del diablo” o pigging, que consiste en hacer pasar por el interior de las tuberías elementos con forma de bala para, entre otras cosas, inspeccionar las condiciones en que se encuentran. En este caso particular, el procedimiento se lleva a cabo para detectar los lugares en donde el tubo ha sido violado por los ladrones de combustible o huachicoleros, y reparar el daño.
Entiendo que las “corridas del diablo” deben hacerse para identificar en qué lugares se roban los combustibles y que su cierre temporal es el primer paso que da el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolinas, diésel y otros productos que diversas organizaciones criminales han realizado durante años y con absoluta impunidad, aparentemente coludidos con -y protegidos por- funcionarios del más alto nivel de PEMEX, del gobierno federal, de los gobiernos de varios estados y municipios y hasta de militares de alta jerarquía.
Lo que no llego a entender es que los expertos de PEMEX no previeran que la demanda de combustibles aumentaría el pasado fin de semana, que fue el último previo al regreso a clases de millones de estudiantes y la normalización de las actividades en el país. Tampoco entiendo por qué la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, y otros funcionarios que entienden del asunto no hayan dado la cara inmediatamente y a través de todos los medios de comunicación a su alcance para explicarle la situación a un púbico enojado. Por su mutismo dejaron que el problema creciera, se magnificara en las redes sociales por quienes que desean que fracase el presidente y se convirtiera en la segunda gran crisis que durante su naciente gobierno ha tenido que enfrentar.
El 1 de diciembre, Andrés Manuel nos pidió tenerle “paciencia y confianza”, pero solo se la tendremos si sus colaboradores más cercanos dan la cara apenas surjan los problemas y expliquen lo que sucede para que todos entendamos lo que pasa. Ayer no ayudaron a su jefe a ganarse esa confianza y permitieron que en las redes sociales operaran libremente quienes buscan acabar con la Cuarta Transformación.
LOS QUE FALTAN HACER SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro y contundente. En su conferencia de prensa del jueves pasado dijo esto: “Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.
Al parecer, sus palabras no tuvieron mucho efecto sobre varios miembros de su gabinete, ya que al revisar las declaraciones patrimoniales de los 18 secretarios de Estado que aparecen en el sitio declaranet.gob.mx, se observa que la mitad de ellos no autorizó a que toda o parte de su declaración pueda ser vista por el resto de los mexicanos que les pagamos sus sueldos.
Tres secretarios solicitaron que se oculten tanto sus datos patrimoniales como sus posibles conflictos de interés. Ellos son Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Esteban Moctezuma, de Educación Pública; y Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no autorizaron a que se hagan públicos sus ingresos por actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles; así como el monto que poseen en inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
Los secretarios de Energía, Rocío Nahle García; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ordenaron que se mantengan en secreto sus ingresos provenientes de actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles, y de sus vehículos; el saldo que tengan en sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores; así como los adeudos que tengan, el monto original de los mismos, sus saldos y el monto de los pagos realizados.
Los secretarios que sí autorizaron a que sean públicas sus declaraciones de bienes y posibles conflictos de interés son Luis Sandoval González, de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, de Marina; Carlos Urzúa Macías, de Hacienda y Crédito Público; María Luisa Albores González, de Bienestar Social; Graciela Márquez Colín, de Economía; Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de la Función Pública; Jorge Alcocer Varela, de Salud; Luisa María Alcalde Luján, de Trabajo y Previsión Social; y Alejandra Frausto Guerrero, de Cultura.
Ninguna de las 16 declaraciones que hay en declaranet.gob.mx muestran los bienes, ingresos o conflictos de interés de los cónyuges, dependientes económicos o parientes cercanos de los funcionarios, como en su momento también lo pidió Andrés Manuel.
“El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno” advirtió hace menos de una semana el presidente López Obrador. Ocho secretarios de Estado no le creyeron o decidieron ignorarlo. ¿Corregirán su error o dejarán de desempeñarse?