- Sólo el tiempo dirá si es positivo o no un militar al frente de la Guardia Nacional.
- Fuerzas castrenses no respetan los derechos humanos, argumentan los detractores.
- Golpes bajos e intrigas contra miembros del gabinete del presidente López Obrador.
- Cunden rumores sobre equipo de la 4T; día a día auguran sobre supuestas renuncias.
- Fondo Monetario Internacional baja cifras sobre crecimiento económico de México.
Eduardo Ruiz Healy
No me preocupa que el futuro primer comandante de la Guardia Nacional (GN) sea un militar.
Quienes se oponen a que un soldado encabece lo que será la nueva encarnación de una corporación policiaca federal argumentan que los soldados no están adiestrados para realizar labores policiacas.
Sobre las diferencias que separan a soldados y policías se ha escrito bastante. La mayoría de los expertos coinciden en los siguientes puntos:
El objetivo de la policía es proteger a la población de los criminales: realiza labores de prevención del delito, persigue a los delincuentes, mantiene la seguridad pública y conserva el orden público.
El objetivo de las fuerzas armadas es disuadir invasiones hostiles extranjeras y, en caso de que ocurran, enfrentar a los invasores. También combatir en otros países para defender los intereses nacionales.
La policía vigila que los habitantes de un país obedezcan las leyes y actúa para que nadie las desobedezca. Asimismo, recopilan pruebas periciales para demostrar que alguien delinquió y con base en ellas arrestar a los sospechosos y presentarlos ante un tribunal que determinará su culpabilidad o inocencia.
Un militar no busca pruebas ni arrestar a nadie. Su objetivo es atacar al enemigo y tratar de vencerlo.
La policía está capacitada para interactuar casi todo el tiempo con la población civil, a la cual debe servir y proteger.
Las fuerzas armadas existen para combatir a militares extranjeros y hostiles, no para servir a la población civil, salvo en casos de desastres naturales.
La policía está legalmente facultada para arrestar a personas por supuestamente cometer un crimen, presentar a sospechosos ante un tribunal, confiscar bienes que sirvan de evidencia, ingresar a propiedad privada para buscar pruebas (ésta y otras actividades pueden requerir de una orden judicial para ser realizadas).
EL CASO DE MÉXICO
Los militares no tienen las facultades de los policías, aunque en varios países, como México, los soldados y marinos apoyan a la policía cuando ésta no puede enfrentar exitosamente por sí sola una situación.
Quienes se oponen a que un militar encabece la GN argumentan que por la naturaleza de sus funciones un soldado no tiende a respetar los derechos humanos y citan los casos en que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones de los mismos.
Sin embargo, estos opositores al mando militar olvidan varias cosas. Entre ellas, que en nuestro país también la mayoría de los civiles que han dirigido las corporaciones policíacas han violado o permitido que regularmente se violen los derechos de miles de mexicanos. Es decir, un civil no garantiza automáticamente que esos derechos sean respetados.
También olvidan que los militares de alta graduación no sólo poseen amplia experiencia práctica, sino que cuentan con avanzados estudios de posgrado donde se incluye el tema de derechos humanos. Es el caso del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, quien hasta ayer fue el Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, y que se retirará en agosto próximo para, como civil, dirigir a la GN. Su biografía puede consultarse en www.jid.org/?page_id=371.
El tiempo dirá quién tuvo la razón: si los opositores o los defensores de un mando militar al frente de la Guardia Nacional que, esperamos, sirva para combatir exitosamente al hampa.
MÁS QUE RENUNCIAS, SON INTRIGAS
Los golpes bajos se dan en cualquier organización humana. Los ataques velados o abiertos contra alguno de sus miembros se originan, por ejemplo, cuando una persona pretende restarle poder a otra, cuando alguien busca ocupar el puesto de su superior jerárquico, cuando un individuo busca eliminar de la escena a quien percibe como una amenaza a su posición,
Basta que haya a dos o más personas ambiciosas dentro de una organización para que se dé una pugna por el poder. Y la experiencia demuestra que quienes compiten entre sí son capaces de utilizar cualquier arma con tal de ganarle al contrario.
Entre estas armas está la intriga, que es una acción oculta que alguien realiza con el fin de perjudicar al contrario.
En los 37 años que llevo en el oficio periodístico he escuchado todo tipo de intrigas que buscaban desprestigiar a algún político o funcionario renombrado.
Una de las más burdas es la que busca poner en duda la sexualidad de una persona. No sé cuántas veces alguien me ha asegurado que alguien es gay o bisexual, como si eso fuera importante y pudiera afectar su desempeño. A quienes me han tratado de enganchar con este chisme les pregunto si tienen prueba alguna de lo que afirman y, claro, acaban aceptando que no.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo hay quienes me dicen que los principales funcionarios de su gobierno son igual o más corruptos que los que acompañaron a Enrique Peña Nieto durante su gestión.
A estas personas les pido que me demuestren que algún funcionario es corrupto y me contestan que lo escucharon de otro pero que le van a pedir las pruebas para dármelas, algo que finalmente nunca ocurre.
SON CORRUPTOS, PERO NO TONTOS
También me dicen que el servidor público que acusan “es corrupto pero no tonto” y que por ello es imposible demostrar sus malos manejos.
La peor de las respuestas es: “no te puedo dar la información porque hago negocios gracias a él”. O sea, el indignado ciudadano acusa de corrupto a quien le permite ganar dinero previo pago de un moche, comisión o mordida.
Otra manera de intrigar en el ámbito político busca crear la idea de que el blanco del ataque está a un paso de renunciar a su cargo, ya sea porque está inconforme con su trabajo o porque su superior está decepcionado de su desempeño.
Quien origina y promueve el rumor de una probable renuncia busca debilitar la imagen pública del contrario.
Por ejemplo, hace poco me aseguraron que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está por renunciar y que será reemplazada por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. A mi interlocutor le contesté que a Sánchez Cordero la están renunciando desde antes de que ocupara el cargo y que el rumor seguramente lo originó alguno de los que afanosamente buscan sustituirla.
Hace unos días se difundió que habría renunciado Marcelo Ebrard, algo que fue desmentido tanto por el presidente López Orador como por el vocero de la secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuando de renuncias de funcionarios se trata, la única de a deveras es la que se presenta, se anuncia públicamente y se hace efectiva. Todas las demás no pasan de ser chismes o rumores promovidos por intrigantes que buscan debilitar y aniquilar al contrario.
MÍNIMO CRECIMIENTO Y 5.16 BILLONES DE PESOS IMPRODUCTIVOS
Recién se dio a conocer un reporte y un índice económicos que no muestran un futuro halagador u optimista para nuestro país.
Para empezar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó a la lista de instituciones y analistas nacionales y extranjeros que han reducido sus estimados de crecimiento de la economía mexicana.
Para 2019, el FMI redujo su estimado de 2.1% a 1.6%; y para 2020, de 2.2% a 1.9%.
En su reporte de Expectativas Económicas Mundiales, difundido ayer, el FMI le recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que realice las reformas estructurales que requiere el país, que reduzca aún más el déficit en las finanzas públicas, que estabilice la deuda pública para generar confianza, prepare a la economía para resistir cualquier golpe del exterior, y adapte su gasto a la realidad.
Para el FMI es imposible que en 2024 la economía crezca un 4.0% anual, como lo ha prometido Andrés Manuel.
Otra mala noticia que ayer se difundió fue por cortesía del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Éste dio a conocer su Índice de Paz México 2019, en donde señala que el costo económico de la violencia aumentó 10% el año pasado, para llegar a los 5.16 billones de pesos (268 000 millones de dólares), que representaron el 24% del PIB del país en 2018.
Para tener una idea clara de lo que representan esos 5.16 billones de pesos, es conveniente recordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 fue de 5.24 billones de pesos.
El IEP define así lo que es el impacto económico del delito:
“El gasto y la actividad económica relacionados con ‘la contención, la prevención y la atención de las consecuencias de la violencia’. Los estimados incluyen los costos directos e indirectos de la violencia, así como un multiplicador económico. El efecto multiplicador calcula la actividad económica adicional que se habría acumulado de haberse evitado los costos directos de la violencia.
“Entre los ejemplos de costos directos están los costos médicos para las víctimas de delitos con violencia, el deterioro del capital por la violencia y los costos vinculados con los sistemas judicial y de seguridad. Los costos indirectos incluyen ingresos o productividad perdidos por traumas físicos y emocionales derivados de la delincuencia.
“Este estudio incluye también una medida del impacto del miedo en la economía, ya que las personas que temen ser víctimas de delitos con violencia muestran alteraciones de conducta.
“El multiplicador se refiere a la actividad económica adicional que habría ocurrido si los delitos no se hubieran cometido o si el gasto gubernamental en las fuerzas policiales y en los sistemas de seguridad y justicia se hubiera destinado a usos más productivos”.
Si la delincuencia estuviera bajo control y no operara con casi absoluta impunidad, gracias a la corrupción generalizada que hay en el país, esos 5.16 billones de pesos seguramente se dedicarían a inversiones y actividades productivas que beneficiarían a millones de personas.
Mínimo crecimiento económico, billones de pesos desperdiciados. Ese es el inmenso reto que enfrentamos todos los mexicanos.
El Índice Paz México 2019 está en economicsandpeace.org/reports/; el reporte del FMI, en www.imf.org/external/index.htm.
MEXICANOS MERECEMOS DEBATES DE ALTURA
Muchos se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador automática e instintivamente sin detenerse a analizar los aspectos positivos o negativos del proyecto, programa, idea o propuesta que de él provenga.
Ha empezado una nueva discusión en torno a una decisión presidencial: la de proponer a tres individuos para que sean consejero de PEMEX. De inmediato surgieron las voces a favor y en contra a pesar de que poco se sabe de cada uno de ellos.
¿Quiénes son y que han hecho antes José Eduardo Beltrán Hernández, Juan José Paullada y Edmundo Sánchez Aguilar para que el presidente crea que merecen ser consejeros de la empresa más grande y compleja del país?
José Eduardo “Chelalo” Beltrán Hernández es un viejo amigo del presidente que hace años iba a ser su jefe cuando era secretario de gobierno de Tabasco durante la administración de Enrique González Pedrero (1983-1987). Su biografía en su sitio oficial en Facebook (José Eduardo Beltrán “Chelalo”) anota que es “Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes Tecnología y Humanidades, A. C… Ingeniero Petrolero y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Fue jefe de la Unidad Académica y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM… secretario general de gobierno de Tabasco… diputado federal y presidente de la Comisión de Energéticos de la LIII Legislatura… Presidente del Consejo Político de MORENA en Tabasco. Autor del libro Petróleo y Desarrollo.”
De acuerdo con información que aparece en www.cencomex.com y otras fuentes, Juan José Paullada “se tituló con Mención Honorífica, en la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios de posgrado en las universidades del Sur de California, Boston y Harvard. Ha sido profesor de derecho fiscal y política tributaria en el ITAM. Participó en el gobierno federal como procurador fiscal de la federación… socio especialista en asuntos Fiscales, Corporativos y Financieros del despacho Paullada Guevara & Asociados”. Miembro del Consejo Consultivo de MORENA. Estratega fiscal del plan sexenal del presidente electo López Obrador. Es considerado como uno de los mejores abogados fiscalistas de México.
En el periódico El Economista de febrero 12, 2019, se anotó que “Edmundo Sánchez Aguilar es ingeniero industrial por el Tec de Monterrey y maestro en Administración con especialidad en Política de Negocios por la Universidad de Columbia en Nueva York, así como doctor en Finanzas por Harvard. Fue director de Investigación Económica en el Instituto Mexicano del Desarrollo AC, socio director en la División de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión en Servicios Integrados de México y gerente del departamento de mercado financiero en el First National Bank de Chicago. Fue profesor de Finanzas en la Escuela de Graduados en Administración de Negocios de Harvard y en Planeación Industrial en el Tec de Monterrey).
Lo que ahora procede es discutir si cada uno de ellos satisface los requisitos para ser un buen consejero de PEMEX. Sin descalificaciones a priori ni defensas a ultranza.
Los mexicanos merecemos ver y escuchar un debate de altura sobre este asunto, en donde ambas partes esgriman argumentos sólidos para justificar o no cada uno de los nombramientos.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com