Eduardo Ruiz Healy
El 26 de octubre pasado, en un discurso que pronunció en Etchojoa (Sonora), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “Entre todos vamos a sacar adelante a nuestro país. Y el propósito es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humano, es justicia social y es también cristianismo (…) que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social”.
Se puede o no estar de acuerdo con la manera en que AMLO concibe el cristianismo y también si es cierto que ésta y todas las religiones buscan la justicia social.
Es más, definir qué es la justicia social no es cosa sencilla, como lo anotan Janet L. Finn y Maxine Jacobson en su artículo Social Justice que forma parte de la enciclopedia digital The Encyclopedia of Social Work, editada por Oxford University Press.
Anotan las académicas que “los significados de la justicia social son de largo alcance y ambiguos” y que “la comprensión de la justicia social (…) se deriva en gran medida de la filosofía y la teoría política occidentales y de la tradición religiosa judeocristiana (…) Las nociones de justicia social generalmente abarcan valores como la igualdad de valor de todos los ciudadanos, su derecho igual a satisfacer sus necesidades básicas, la necesidad de difundir las oportunidades de la vida lo más ampliamente posible y, finalmente, el requisito de reducir y, cuando sea posible, eliminar las desigualdades injustificadas”.
Para la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, que recién difundió su Índice de Justicia Social 2019 (Social Justice Index 2019 o SJI 2019), la justicia social tiene que ver con el éxito que un país tiene o no para: 1. prevenir la pobreza; 2. proporcionar una educación equitativa; 3. facilitar el acceso al mercado laboral; 4. promover la inclusión social y la no discriminación; 5. garantizar la justicia intergeneracional; 6. y proporcionar servicios de salud.
El SJI 2019 incluye a 41 países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Chipre, Corea, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía.
El último lugar que México ocupa en el índice no debe sorprender a nadie. Tampoco la posición que logra en los seis factores que integran el SJI 2019: 39 en prevenir la pobreza; 32 en proporcionar una educación equitativa; 24 en facilitar el acceso al mercado laboral; 36 en promover la inclusión social y la no discriminación; 15 en garantizar la justicia intergeneracional; y 40 en proporcionar servicios de salud.
Los países nórdicos —Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia— ocupan los primeros cinco lugares en 2019. Curiosamente, las cinco son democracias socialistas que nunca adoptaron totalmente el modelo neoliberal.
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