José Ureña
Siempre he considerado inútil a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un organismo de la Cámara de Diputados permanentemente dependiente de la Comisión de Vigilancia, a su vez casi permanentemente dependiente de un perredista.
Su historial no deja dudas:
Cíclicamente recibe, con dos años de retraso, el informe de gastos del gobierno federal y durante meses lo revisa para, tras sesudas deliberaciones, entregar un informe de escándalo.
En ellas se hace una glosa más o menos así:
“El gobierno desvió tantos cientos de miles de millones de pesos…”.
La declaración gana algunos encabezados en los noticieros de radio y televisión y, si bien le va, varias primeras planas en los periódicos.
Mentira.
Ese primer informe tiene un capítulo de “recomendaciones” giradas a cada dependencia a fin de generar algunas explicaciones y luego nadie sabe qué se aclaró, qué se desvió, qué parte de nuestros impuestos pararon en los bolsillos de funcionarios venales.
Pasan los meses y al año siguiente se repite la historia, con idénticos resultados.
Cuando los reporteros piden mayor información y reclaman sangre de corruptos, aparece el titular de la ASF con una explicación manida:
-No tenemos facultades sancionadoras. Nos faltan dientes para hacer respetar la ley y bla, bla, bla…
EL FIN DE LAS NEGLIGENCIAS
Pienso en esa burocracia y en ese pasado bajo un nuevo escenario.
De acuerdo al auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, ya es posible pensar en resultados de transparencia y castigo para quienes desvíen recursos públicos.
Lo mismo espera el presidente de la Comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas, a cuyo amparo se dio un paso audaz:
Llevaron las observaciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir investigación y proceso a los autores de pagos a maestros con doble plaza, carentes de título o con salario sin ofrecer clases.
Hay gobernadores de vario signo: el quintanarroense Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); el tabasqueño Arturo Núñez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); el chiapaneco Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)…
La lista sigue con otros como el oaxaqueño Gabino Cué Monteagudo, militante de quién sabe qué partido porque llegó apoyado por un arco iris y hoy no tiene filias ni identidad ni prestigio ni nada.
LA PGR ABRE INVESTIGACIONES
A días de conocerse la información de la Auditoría Superior de la Federación, hubo reacciones y esa es la base de esta nota:
La PGR de Arely Gómez ha decidido proceder.
Se hará una investigación para saber cómo se desviaron los recursos, cómo hubo cientos o tal vez miles de maestros en algunos estados sin cumplir sus responsabilidades pero avituallados con sueldos por encima de la media nacional.
El deseo del gobierno de Enrique Peña Nieto, me dijo un alto funcionario, es dar un escarmiento a los gobernadores reacios a instrumentar la reforma educativa.
-Es un paso necesario. Debemos demostrar que la reforma va en serio –repiten los mandos superiores de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Si hay respeto al compromiso, esta semana serán notificados varios gobernadores, entre ellos el oaxaqueño Gabino Cué Monteagudo, cuya administración es más fantasmal sin el respaldo de la federación.
Se le darán detalles, montos y nombres incorporados al llamado “Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadoras por la ASF”.
De acuerdo a ellas deberá aclarar peso a peso, salario a salario, qué ha hecho con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Si se cumple la palabra, estamos por ver historia, pero la experiencia es mala consejera para el optimismo.
