Rodrigo Villar
Ninguna obra que fortalezca la soberanía y la seguridad nacional, debería meterse en la disputa electoral, partidista y política. Porque la conclusión es muy sencilla: se atiende el interés general y el fortalecimiento de las actividades sociales y económicas de una nación.
En México, como sociedad inmersa en un proceso inédito de politización, no hemos logrado disasociar temas tan elementales como el de bienestar común.
La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahora es un botín, tanto de empresarios que han resultado extraordinariamente beneficiados, del gobierno federal que ha prohijado con esos empresarios, y de políticos.
Una vez que Andrés Manuel López Obrador aplastó en la elección presidencial a sus contrincantes, obviamente ya como mandatario electo, pues mantiene en el ambiente sus propuesta de campaña. Y de eso se trata la política al más puro estilo mexicano, a la mexicana porque prometer no empobrece.
Pero veamos las implicaciones de no construir un aeropuerto de gran envergadura, y los aciertos y desaciertos de la tan mentada consulta a la que nos llevará el futuro nuevo gobierno.
Primero la consulta propuesta carece de legalidad, es una trampa y tiene dados cargados. La decisión de levantar la obra, tiene vicios desde su origen, pues durante el proceso de estudio y decisión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por lo menos tres obligaciones de consulta establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La planeación democrática a la que alude el artículo 26 de la Constitución establece los siguientes criterios: “La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. Esa norma fue ignorada por el gobierno de Enrique Peña Nieto porque no convocó a la Coordinación Metropolitana del Valle de México para su análisis, y en el colmo de los colmos, el plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 no incluyó desde el principio el proyecto que fue presentado en septiembre de 2014.
La segunda es la posibilidad, que no obligación, de que se realice la consulta popular señalada en el artículo 35 sobre temas de trascendencia nacional, que por sus obligaciones formales para su solicitud y fecha de celebración, entre otras, hacen complicada la celebración de la misma para fines prácticos, aunque si tiene consecuencias vinculatorias. Recordemos que la consulta anunciada se realizaría en el mes de noviembre por venir.
Y la tercera posibilidad es la consulta a pueblos originarios mandatada en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, con características de previa, democrática, informada y transparente, esta sí obligada para “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.
No está por demás decirlo, y hay que registrar que por ser un derecho humano de los pueblos originarios y por tanto exigible, que este derecho fundamental fue ignorado por el gobierno federal, los encargados de la obra aeroportuaria; y que es un derecho aún exigible en los tribunales.
SIN CONSECUENCIAS LEGALES
Así, categóricamente se advierte que la consulta propuesta por el presidente electo carece de legalidad y constitucionalidad, lo que significa en el fondo que no tiene carácter vinculatorio a las actuaciones de gobierno; en consecuencia el incumplimiento de los resultados tampoco tiene consecuencia legal alguna.
Someter las decisiones trascendentales que corresponde al gobierno debidamente informado tomar en beneficio de la Nación, puede significar una trampa; y en el caso del aeropuerto lo es, debido a que se ha anunciado que se consultaría entre dos propuestas, ambas de Andrés Manuel López Obrador: el funcionamiento simultáneo de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía, calificada como técnicamente inviable desde su presentación en la precampaña; y la continuación de la obra en Aeropuerto de Texcoco pero ahora privatizada (aunque se le quiera llamar concesión).
Estas propuestas excluyen de facto otras que con datos técnicos y estudios objetivos debieran de estar en la mesa, como la opción de Tizayuca y la de continuar la obra en Texcoco haciendo correcciones inmediatas que la hagan viable económica, medioambiental, social y culturalmente.
Cuando inició el sexenio de Peña, su grupo económico tomó como rehén de demostración de poder y fuerza el cambio de sitio de ubicación del aeropuerto de Tizayuca a Texcoco, pareciera que el presidente electo va por el mismo camino, queriendo tomar una decisión de poder y negocios aunque no necesariamente satisfaga el interés colectivo.