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Rodrigo Villar
Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, sólo muestran resultados.
En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el CONEVAL.
Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros de por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.
Medio millón más de indígenas pobres en los 2 últimos años. Un aumento en 300 mil del número de indígenas en pobreza extrema.
Entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, la de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena.
DISCURSOS DICEN OTRAS COSAS
El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 a 73.2 por ciento esto es, 8.7 millones de personas; medio millón más que en 2012.
El porcentaje de pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8 por ciento, es decir, 3.8 millones de indígenas; 300 mil más que en 2012.
La población con al menos una carencia social pasó de 92.6 a 92.1 por ciento; y aquella con al menos tres carencias de 56.1 a 54.8.
El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios en la vivienda fueron las carencias sociales que se redujeron.
En sentido opuesto, las carencias sociales que se incrementaron fueron los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esta última con la mayor variación al pasar de 34.4 a 38.8 por ciento.
Tan sólo en el periodo 2002-2014 se gastaron 630 mil millones de pesos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, el equivalente a transferirle 57 mil pesos a cada uno de los 11.13 millones de indígenas que había en el 2012.
PERSISTE REZAGO EN PUEBLOS INDÍGENAS
A pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinados para su atención, los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación, entre los diversos grupos.
El incremento de recursos financieros a este sector, no ha influido en la disminución de los niveles de pobreza de la población indígena, porque es ahí donde reside la necesidad de entender, que enfrentar este grave problema no es solo un asunto presupuestal; es un tema que requiere abordarse en el marco del contexto económico y jurídico en el que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblos indígenas excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.
Ante esta realidad, las instituciones de la República y la sociedad en su conjunto, están obligadas a reflexionar sobre las causas de este grave fenómeno y construir las opciones para enfrentarlo.
CONTEXTO ECONÓMICO
Los ajustes en la forma de conducir la economía nacional a partir de los años 80, implicaron modificar la política económica y social, a partir de la aplicación de medidas que buscaban dar cumplimiento a compromisos asumidos por México con organismos internacionales y gobiernos de países desarrollados, en aras de incrementar la apertura y desregulación de la economía, y reducir drásticamente la participación del Estado como actor preponderante en la conducción de los procesos de desarrollo nacional.
Las expectativas que en su momento se generaron con estas reformas eran las de lograr estabilidad macroeconómica, mayores tasas de crecimiento, incremento de la competitividad en los sectores y ramas de la economía que estarían vinculados a mercados internacionales; y además, que estos procesos tendrían un efecto redistributivo a partir de la reducción de las brechas salariales, tanto entre sectores como con nuestros socios comerciales, y de una mayor eficiencia en la aplicación del gasto, lo cual, en suma, se traduciría en una reducción de la pobreza y de la desigualdad.
A más de tres décadas, se puede afirmar que la realidad ha sido muy distinta a la proyectada.
En los últimos 20 años, la economía ha tenido un comportamiento pobre que se refleja en un promedio de crecimiento anual de 2.6 por ciento para el caso del PIB, y de 1.3 al considerar el PIB per cápita.
En la historia económica reciente encontramos períodos con algunos destellos en el comportamiento económico; en el período del 2008 al 2013, el país creció en un 2 por ciento, nivel por encima del promedio del conjunto de países de la OCDE, que fue del 0.8; sin embargo, el porcentaje del gasto público respecto del PIB fue de apenas el 27.2, cuando el promedio del conjunto de países de la OCDE fue del 42.
Los niveles productivos se mantuvieron estables, de esta forma se esperaría que las economías de las familias se comportaran de la misma manera, sin embargo no fue así. La problemática se encuentra en el contrato social, en donde la distribución de los beneficios solamente favorece al capital y no al trabajo.
En los últimos veinte años, el salario mínimo real tuvo un decremento del 27 por ciento y las fortunas de las 9 familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13 mil trescientos millones de dólares en 1996 a 131 mil setecientos en 2014.
Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza, sin pagar las consecuencias.
CRECIMIENTO DE LA MINERÍA
Llama la atención el crecimiento espectacular del subsector minero, al pasar de un valor de la producción de 779 millones en 1994, a 16,745 millones en el 2013 ¡Más de dieciséis veces!
En la actualidad, la participación extranjera en la minería en exploración minera es del 70 por ciento. De esta cifra, Canadá participa con el 74, Estados Unidos con el 15 y China con el 8.3. Las tres grandes empresas mexicanas son Grupo Peñoles, Grupo México y Grupo Frisco.
El auge de los consorcios mineros en estos últimos veinte años, estuvo favorecido por el alza de los precios de los metales, pero también por la complacencia oficial –sobre todo en los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón- ante la exploración y explotación de las áreas concesionadas, sin atender reclamos laborales y sociales de las comunidades mineras.
Incluso, las concesiones se otorgaron mediante exiguos pagos fiscales y con ínfimas regalías a los originales dueños de las tierras y aguas.
Ante esta bonanza, la inversión minera creció, de 250 millones de dólares en el 2002 a 8 mil millones once años después.
Por supuesto, las utilidades crecieron en forma espectacular.
¿Y los pueblos mineros?
¿Y los trabajadores y sus familias?
¿Y los dueños originales de las tierras concesionadas?
Para ellos, lo único que ha crecido, ha sido el grado de pobreza y la conflictividad en las zonas indígenas y campesinas.
La industria minera multiplicó sus ganancias, y en paralelo causó un enorme daño al medio ambiente y deterioro del tejido social de las comunidades, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco de las arcas nacionales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por concepto de pago de derechos sobre minería, monto que representa sólo el 2.2 por ciento del valor total de la producción minera.