Política confesable


También falla en Oaxaca el sistema penal

 Sobre población en las cárceles del estado

 Informe de ONG sobre estado de las prisiones

 Tomás Ezequiel Toledo

 El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia publicó recientemente un informe sobre la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que en Oaxaca tiene una aplicación muy reducida. En una escala de 1 al 10, el avance en este mecanismo para el caso de la entidad es de 4.2, es decir tiene un desarrollo promedio de entre 30 y 44 por ciento.

¿Esto en qué se traduce para los presos y sus familias?

Las juezas entrevistadas para llevar a cabo el estudio, que puede consultarse en la página ocsjusticia.org, y específicamente en lo que se refiere a las visitas a los centros de detención para vigilar el respeto al derecho a una vida digna dentro de las cárceles, es revelador.

Dice el reporte con las versiones de las juzgadoras:

«Hacemos visitas periódicas y pues sí, constatamos a que ellos estén (bien), sobre todo que tengan las condiciones necesarias: dormitorios, que su espacio esté limpio, que les den sus alimentos, si están enfermos recibir atención médica, el derecho a las visitas y también con los programas, que se involucren en clases, talleres, deporte, en los programas de educación…»

Sin embargo, aun cuando el Código de Procedimientos Penales faculta a los y las jueces a vigilar las condiciones penitenciarias de la entidad, no se prevén garantías de exigibilidad y justicia de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Así, los resultados de las visitas a las penitenciarías se emiten a los directores de los centros penitenciarios, a través de un requerimiento que no tiene carácter vinculante porque no obliga a las autoridades a acatarlo.

El informe señala que las 15 cárceles que existen en el estado tienen una capacidad para 4 mil 308 reos, pero actualmente hay 4 mil 456 personas en prisión, con una sobre población de 148 (3.44 por ciento más), pero es la estatal la que concentra más, con 74.48 más de su capacidad.

Al respecto, cita un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ubica a las prisiones de Oaxaca en el lugar 28 de los 31 estados y el Distrito Federal, con una calificación de 4.28.

Y según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario de la entidad son la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios y que no existe la garantía de una estancia digna.

La propia comisión detectó insuficiente personal médico, medicamentos y atención psicológica.

Así, por ejemplo, entre 2010 y 2011 se detectó que los presos en el Módulo de Alta Seguridad del Reclusorio de Miahuatlán «fueron víctimas de malos tratos por parte del personal penitenciario, tanto directivo como de custodia; además, no tenían acceso a alimentos y vestido, servicio médico, oportunidades de trabajo, actividades deportivas y culturales y servicios educativos.

POLITICA CONFESABLE  INTERNOS DEL  PENAL DE MIAHUATLAN DURANTE UN CATEO ...

PRIVILEGIOS PARA UNOS; EXPLOTACIÓN PARA OTROS

Además, en 2010 el Subcomité para la Prevención de la Tortura detectó en una visita al penal de Santa María Ixcotel que las condiciones en que se encontraban los presos «variaban considerablemente dependiendo de si podían pagar o no las cuotas que los líderes del centro exigían».

Detectó también que las personas que no contaban con un apoyo fuera de la cárcel tenían que trabajar de 10 a 12 horas diarias, incluso más, para ganar entre 60 y 80 pesos.

En suma, las ONG concluyen que la situación del trabajo en las prisiones de Oaxaca constituye un contrasentido en términos de las finalidades de la pena privativa de la libertad; esto es, «lo que debería ser una oportunidad para el desarrollo de los sentenciados se convierte en una pena extendida para sus familias».

Más aún, el acceso a un proceso justo en materia de ejecución es discrecional, debido a que el control de los documentos que deben acompañar a una solicitud por escrito para la pre-liberación los emite un consejo técnico del sistema penitenciario, y no hay claridad en el procedimiento.

Este desorden, por ejemplo, dio origen a una queja presentada por 472 personas recluidas en la Penitenciaría Central del estado, debido principalmente a falta de diligencia en el otorgamiento de las pre-liberaciones.

La ausencia de un debido proceso se agrava aún más en el caso de los presos indígenas, sobre todo porque no hay defensores bilingües y, como ocurre de manera usual, los procesos son llevados exclusivamente en español y difícilmente conocen el juicio y sus resultados.

Así que, como se ve, los olvidados de la administración de Gabino Cué son cada vez más y están en todas partes.

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