¿Partidos o franquicias?


Diego Valadés/Reforma

En un orden constitucional hay una diversidad de intereses que reciben la protección del Estado. En México la Constitución hace referencia a por lo menos siete tipos distintos de interés: nacional, social, particular, jurídico, económico, gremial y público. Con relación a cada uno de ellos la propia norma suprema determina sus contenidos específicos.

Dentro de esa constelación los partidos políticos son considerados «entidades de interés público». El interés público es un concepto complejo pero, en cualquiera de las definiciones que se prefiera, incluye entre sus elementos las necesidades compartidas por una comunidad que, por su especial relevancia, son objeto de la tutela estatal. Esto explica y justifica que haya órganos del Estado encargados de registrar la integración de los partidos y de supervisar su desem- peño en tanto que, como organizaciones de ciudadanos, son indispensables para la democracia representativa.

Lo anterior implica que el Estado destine cuantiosos recursos organizativos y dinerarios al funcionamiento de los partidos. Esto no obstante, las vicisitudes en la vida de los partidos pueden generar expresiones de rechazo y aun de reprobación por parte de la ciudadanía.

Ya son varios los lustros en que las mediciones demoscópicas arrojan datos adversos para los partidos. Por ejemplo, en 2007, después de la elección federal de 2006, la encuesta Mitofsky identificó que sólo el 5.3% de los consultados tenía mucha confianza en los partidos mientras que el 41.7 no tenía confianza alguna; en 2013, a un año de los comicios de 2012, en el primer rubro apenas se avanzó al 8 y en el segundo sólo se descendió al 33.7%.

Lo anterior se debe al menos a cuatro cuestiones presentes en el ánimo de cualquier ciudadano: el excesivo costo económico de los partidos; la utilización de recursos públicos, incluidos los de comunicación, que son utilizados para que los partidos se degraden de manera recíproca ante la ciudadanía; la concentración del poder por parte de las cúpulas de esas organizaciones, y la corrupción que involucra a miembros relevantes de casi todos los partidos. Estos factores contribuyen a devaluar su función como entes de interés público y a proyectar una imagen de organizaciones gestionadas como si fueran patrimonio personal.

En la percepción de un número creciente de ciudadanos los partidos tienden a comportarse menos como entes de interés público y más como franquicias de interés privado, por lo que dan la impresión de que en vez de un registro como instituciones al servicio de la comunidad gozan de una concesión para explotar una actividad económica rentable.

VALADES

Luego de las anteriores elecciones federales, en 2013, los partidos dispusieron de 3 mil 529 millones de pesos; un año después recibieron 3 mil 925 millones más, y en el que corre contarán con otros 5 mil 356. En el trienio habrán acumulado ingresos por 12,810 millones. Esto supone que sus asignaciones en el periodo corresponden alrededor de 160 pesos por cada uno de los poco más de ochenta millones de ciudadanos empadronados; una cantidad a todas luces injustificable, máxime si se tienen en cuenta los resultados.

Nada más lejos de mi intención que contribuir a la mala imagen de los partidos. La Constitución acierta al considerarlos como parte del interés público y su presencia es insustituible para cualquier democracia representativa. Pero los problemas los ocasionan los observados, no los observadores. Cuando las campañas hayan concluido y se regrese a la «normalidad», los partidos deberán hacer un ejercicio de autocrítica; el lugar adecuado será el Congreso. Tendrán que valorar que al denigrarse entre ellos ponen a los ciudadanos en serias dificultades para apoyarlos. Es paradójico que la antipolítica se financie con recursos públicos y que tenga como fuente a entes de interés público.

La reciente Ley General de Partidos no les devolvió la respetabilidad perdida. Para hacerlo, en el futuro inmediato deberán tomar al menos estas decisiones cruciales: reducir de manera drástica el monto de sus asignaciones anuales, la duración de las campañas y la frecuencia de spots, y tomar en serio la democracia interna. En el caso de los spots deben cobrar conciencia de que su intensidad resulta agresiva para los electores y abrasiva para los partidos.

Sugiero que cuando se instale la nueva legislatura y haya pasado el decadente rito del informe presidencial, los partidos hagan lo que el frenesí de una campaña no permite: escuchen al pueblo.