Eduardo R. Huchim/Reforma
Una constante en las reformas electorales relevantes desde 1996 es el aumento del financiamiento público a los partidos políticos. De un tímido monto para actividades editoriales, en 1977, se llegó al exceso 20 años después, cuando en 1997 el monto total para las formaciones partidarias ascendió a 2,111 millones de pesos. Fue tan elevada la cifra que el entonces líder panista Felipe Calderón devolvió a la Tesorería de la Federación (23/01/97) 29.1 millones de pesos de los recursos recibidos por el PAN, por considerarlos excesivos.
Pero la golondrina no hizo verano y el torrente de dinero público siguió fluyendo a los partidos, cuyos legisladores se las ingeniaron para que los caudales aumentaran prácticamente sin freno y se llegara incluso a la ironía de que, con la reforma comicial de 2007, se redujo aparentemente el financiamiento público pero en la práctica aumentó. ¿Cómo ocurrió tal cosa? Formalmente se disminuyó el monto para campañas, pero no el ordinario: hasta 2007 los recursos aumentaban 100% en año electoral y este porcentaje se disminuyó al 50% adicional en comicios presidenciales y al 30% en los intermedios.
Sin embargo, los partidos ya no destinaron, como antes, recursos a la compra de tiempos en radio y televisión, porque se les prohibió y para su propaganda se les asignaron tiempos del Estado. Si se tiene presente que destinaban la mayor parte de su gasto de campaña (entre 70 y 90%) para ese fin, resulta que, para ser real, la disminución tendría que haber sido en un porcentaje semejante.
Siete años después, con la reforma de 2014, los partidos volvieron a aumentarse el financiamiento, esa vez no directamente en el ámbito federal pero sí en los estados, donde sus dirigencias también reciben dinero público de los gobiernos locales, si bien cada entidad se daba sus propias normas y criterios para asignarlo. Con la aprobación de la Ley General de Partidos Políticos, normas y criterios se homologaron con los federales: 65% del salario mínimo multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de que se trate. La consecuencia fue un aumento sensible en el total de su financiamiento.
De ese modo, en 2015, el dinero estatal otorgado a partidos, incluidos los gastos de campaña en las entidades donde hubo elecciones locales, ascendió a 4,168 millones de pesos (antes de la reforma de 2014 era de unos 2,200 mdp), de acuerdo con los datos presupuestales contenidos en las páginas de internet de los institutos electorales locales. Aún no están disponibles los datos de 2016, pero es probable que el monto estatal de los recursos partidarios ascenderá a una cantidad similar. Y como el total de prerrogativas presupuestadas por el INE asciende a 4,031 millones de pesos, resulta que el gran total de financiamiento a partidos en 2016 será de aproximadamente 8,000 millones de pesos, casi 22 millones al día.
Tiene mucho sentido, entonces, la propuesta de varios partidos de reducirse el financiamiento público y es deseable que se incluya no sólo el monto federal, sino también el estatal. Ahora bien, como las bases de cálculo están establecidas en la Constitución, sería necesaria una reforma cuyo procesamiento puede llevar meses.
Pero ello no obsta para que los partidos renuncien a un porcentaje de sus recursos y el monto respectivo sea, como ha propuesto el PAN, destinado a universidades.
Una reforma constitucional podría apuntar a una propuesta que he planteado anteriormente en Reforma y en diversos foros: a partir de los criterios actuales para determinar la bolsa, ésta no se distribuiría en su totalidad, sino sólo en un porcentaje igual al de la participación del electorado en los comicios federales recientes. Esa u otra forma de reducción es necesaria, y debe ser bienvenida la intención de varios partidos en ese sentido… a condición de que se materialice. Adicionalmente, también deberían ser revisados, a la baja, los cuantiosos presupuestos que el Instituto Nacional y el Tribunal electorales ha solicitado para 2016.
@EduardoRHuchim
