Javier Flores/La Jornada
El viernes pasado, la senadora por Morena Ana Lilia Rivera Rivera presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa de decreto para crear una Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías con la que se pretende eliminar y sustituir a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Son muy diversos los elementos que contiene la propuesta, pero me voy a referir aquí sólo a algunos, los cuales, en mi opinión, permiten entender sus aspectos esenciales y pueden dar una idea de los objetivos que realmente persiguen sus redactores –la legisladora agradeció la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la elaboración del proyecto.
La sección introductoria produce varias sensaciones, la más inquietante por el tono de pleito que predomina en ella. Pleito contra la política de ciencia de administraciones pasadas. Pleito contra las empresas privadas. No estoy seguro de si eso es lo más apropiado en una exposición de motivos de una legislación tan importante, pero da buena idea del talante de los redactores.
Una de sus características es que busca la concentración de funciones, facultades y poder casi absoluto para el Conacyt, en particular para el director o la directora de este organismo. Desde la determinación y destino del presupuesto global para ciencia y tecnología, la definición de la política del Estado en ciencia, tecnología e innovación (CTI), la asesoría al Presidente y los poderes Legislativo y Judicial, la creación o desaparición de centros públicos de investigación, hasta la formulación de las políticas de bioseguridad, entre otras funciones.
Esta concentración implica la desaparición de organismos como el Consejo General de CTI, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de CTI (representación de los gobiernos de los estados) y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales (Rednacecyt), así como de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). También se rechaza la presencia de los científicos que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias agrupados en el Consejo Consultivo de Ciencias.
El Consejo General de CTI, máximo órgano de decisión, sería sustituido por la Junta de Gobierno del Conacyt –la cual quedará integrada, básicamente, por suplentes–, en el que el director(a) del Conacyt sustituye al Presidente de la República cuando éste no pueda asistir; y en lugar de los secretarios de Estado pueden acudir funcionarios con nivel de directores generales adjuntos.
Pero, ¿para qué se quiere esa concentración de poder? Para apuntalar el proyecto o la obsesión de un grupo. La iniciativa de decreto que se comenta no surgió, como se esperaba, de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado; fue presentada por la licenciada Ana Lilia Rivera al margen de dicha comisión; la legisladora se ha distinguido por su activismo en contra de los OGM. Y esta es una de las principales características de esta propuesta, pues traslada una disputa surgida en el campo de los transgénicos para, a partir de ello, imponer una visión única en una ley aplicable ahora a todos los campos del conocimiento.
Por fin se entiende la razón del cambio abrupto en la postura de la actual directora del Conacyt respecto de las humanidades, pues primero las caracterizó como meros apéndices de las ciencias naturales y exactas, para luego considerarlas centrales para, por una parte, atraer y ganar base social entre los investigadores de estas áreas, llegando al absurdo se insertar una H en el nombre del Consejo. En realidad se trata de contar con un instrumento para dar soporte ético a los denominados principios de previsión, prevención y precaución –no bien definidos– que regularían, no sólo la investigación sobre transgénicos, sino todo el quehacer científico y tecnológico del país. La pinza se cierra con las reformas a la Ley de Bioseguridad de OGM, que ahora controlaría el propio Conacyt.
Este objetivo queda claro cuando se afirma en el proyecto que se respetará la libertad de investigación siempre y cuando no vaya en perjuicio de la regulación o limitaciones por motivos éticos y de seguridad (Artículo 7. IX u XI). En realidad se trata de limitar dicha libertad, que es uno de los principios básicos y valor central del quehacer científico. El Conacyt tendría la facultad incluso de cancelar programas y proyectos de investigación (Artículo 21. X incisos A o B). En mi opinión, esto es inaceptable y la propuesta de ley debe ser rechazada.
A veces se confunde la crítica a la actual política de ciencia con la oposición al gobierno que encabeza AMLO; esto no es así, por lo menos no lo es en mi caso. Los diputados y senadores de Morena trabajan por conseguir un cambio de fondo en interés de la nación, y no tienen por qué cerrar filas en torno a una interpretación completamente errónea basada en lo que una persona o un grupo cree que debe caracterizar a la política de ciencia de la Cuarta Transformación.