Gran Angular; PGR: incredulidad y desconfianza


Raúl Rodríguez Cortés

     Jesús Murillo Karam fue sacado finalmente de la Procuraduría General de la República.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa y las pifias cometidas en la investigación que al respecto encabezó, le  impidieron cumplir lo que, según se sabe, era su objetivo político y personal: convertirse en el primer fiscal general de la República que, con la transformación constitucional ya aprobada de la PGR, llevaría su gestión más allá del término de este sexenio.

Pero si Murillo Karam lo ve por el lado optimista, que bueno que se va de la PGR pues recordará  el mismo -en medio de la tragedia de los normalistas- se había declarado cansado aunque por lo visto no tanto, ya que aceptó seguir en el gabinete, ahora en la SEDATU, donde seguramente se la va a llevar más leve.

Hay quienes ven en la investigación de Murillo Karam sobre Ayotzinapa un impecable trabajo pericial, técnico y jurídico. Lo habían sostenido en público y en privado. Muy pronto dirán, si no es que ya lo hicieron, que la decisión presidencial de remover al procurador fue atinada y necesaria. Así son.

Y acaso sea una investigación sin tacha procedimental. El problema es que para muchos otros -más sin duda que los apologistas del ex procurador- la investigación llevó a una forzada y muy cuestionable conclusión, la de la increíble pira de Cocula que decretó como la verdad histórica.

La obstinación de Murillo Karam, que no dio oportunidad alguna a otras líneas de investigación, no solo sembró dudas en los padres de la víctimas y en el prestigiado equipo forense argentino que los asesores, sino que escaló el ánimo de confrontación violenta y dañó brutalmente la ya de por si diezmada credibilidad de una institución en agonía.

Murillo Karam no debió haber esperado a que lo corrieran sino que debía haber presentado su renuncia. Pero ni hablar, las gana la política de la mala, esa que permite a muchas seguir trepado en el barco del presupuesto. El ex procurador pasará a la SEDATU, cuyo titular, Jorge Carlos Ramírez Marín va en las listas plurinominales del PRI a diputado federal.

Mantenerlo tiene dos explicaciones posibles: el reconocimiento a servicios prestados y el afecto presidencial.

Viene al relevo  Arely Gómez González, una abogada  egresada de la Universidad Anáhuac del Norte con maestría en Políticas por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, cuya trayectoria profesional ha transcurrido en su mayor parte dentro del Poder Judicial, donde llegó a ser oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia. También se desempeñó como Fiscal en Delitos Electorales de la PGR y hasta ahora como senadora de la República.

Arely Gómez toma un barco muy traqueteado sobre todo con el tema de la investigación de Ayotzinapa y acaso se le vea operar con mayor eficacia el terma de la comunicación de los resultados.

Cambios en el gabinete eran esperados desde principios del año para revertir la crisis de credibilidad institucional que enfrenta el gobierno federal. Tardaron mucho en hacerse. El Presidente se espero a las fechas a que dichos cambios tendrían que hacerse por obligación electoral, pus muchos de los dimitentes lo harán para buscar una diputación federal.

Arely Gómez González

EL INE ¿MUERTE DE CUNA?

Antes de cumplir un año de vida, el Instituto Nacional Electoral (INE) se percibe agotado. Nada bueno sugiere que esté dividido y en medio de una crisis de credibilidad, a poco más de tres meses de las elecciones federales intermedias del 7 de junio próximo. Parece que, desde ya, se esboza un conflicto pos electoral de dimensiones considerables y sabrá Dios qué daños, a menos que sus consejeros remonten, con altura de miras y sin línea partidista ni protagonismos políticos, la crisis que el INE vive estos días.

Antes de buscar las razones de fondo de esa crisis expresada hoy en el hecho de que siete de diez  partidos se han retirado de las sesiones del Consejo General, repasemos los hechos recientes que dieron lugar a esa decisión acompañada de graves acusaciones de falta de imparcialidad e ilegalidad en el proceder del Instituto.

Pesaban ya en el ánimo de la representación partidista en el Consejo General, las conclusiones de la Unidad de Fiscalización encabezada hasta ayer que renunció por Aldredo Cistalinas Kaulitz,  respecto a las acusaciones contra el PRI por el uso en campaña de los famosos monederos electrónicos Monex (que finalmente el tribunal electoral avaló para exonerar al tricolor); la rápida decisión de ordenar al PRD modificar unos de sus spots de precampaña; y la decisión de no atender los reclamos respecto a los spots de otro, el Partido Verde Ecologista, en los que sus senadores Ninfa Salinas y Carlos Puente, ofrecen vales de medicinas, canjeables en una serie de farmacias de alguna manera vinculadas con el IMSS, en formatos que aparentan informes legislativos pero que en realidad son propaganda partidista.

En ese contexto ocurrió la sesión del Consejo General del pasado 18 de febrero en la que el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, propuso posponer la discusión de las normas reglamentarias sobre imparcialidad y que los programas sociales se apeguen a sus objetivos y reglas de operación sin incidir en el voto ciudadano.

Fue esta propuesta la que dio lugar a que los representantes del PAN, PRD, MORENA, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social, pues fue a su juicio una maniobra más para favorecer al PRI y su aliado el Verde.

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Dichas normas fueron aprobadas en la sesión del miércoles pero ya sin la presencia de los siete representantes partidistas (con voz pero sin voto en el Consejo) que, al mismo tiempo, hacían un pronunciamiento conjunto en el sentido de que el consejero Baños encabezaba un bloque favorable al PRI, cuyo aliado el Verde, goza de impunidad en el INE y ha causado, desde ya, un “daño irreparable” a la equidad de la contienda electoral, ante os ojos de una intolerable autoridad omisa.

Todos estos son los hechos recientes que tienen, sin duda, razones de fondo. La principal acaso sea el mecanismo de cuotas partidistas que mantuvo el Congreso en la designación de los consejeros electorales en el rediseño del Instituto. Cada consejero es propuesto por cada una de las fuerzas políticas y una negociación en las juntas de coordinación política del Congreso determina los apoyos y, por supuesto, la filiación, o cercanía, pues requisito es que los aspirantes no militen en ningún partido.

Ese mecanismo es el que resta imparcialidad de origen. Fue el mismo que se utilizó para designar a los tres consejos electorales del anterior IFE. ¿Por qué el primero, el que encabezó José Woldemberg, ha sido el mejor a juicio de todo si su designación fue también mediante acuerdos partidistas? Por una razón: el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió no meterse, y cumplió, en los comicios que eligieron a Vicente Fox. Éste último sí se metió en su sucesión y potenció los conflictos de consejeros también designados por cuotas partidistas, lo que dio lugar en 2006 a lo que sin duda ha sido uno de los peores conflictos pos electorales de la historia reciente.

Por lo demás, el mecanismo adolece de otras limitaciones. Una de ellas es el hecho de que la designación de los consejeros, incluido el consejero presidente, parte del Congreso. El líder no fue elegido por sus iguales y estos, por tanto, se saben y se sienten con la misma fuerza de representación, lo que incide en mandos operativos que de pronto no saben las órdenes de quien deben acatar, si del consejero presidente o del consejero que encabeza la comisión para la que trabajan. Este aspecto del problema potencia protagonismos y la promoción de intereses políticos personales, que llegan a convertir a los consejeros en protagonistas de la contienda y no en los árbitros que es su única, sustantiva y trascendente función. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )