Cita Comisión de la Verdad a Héctor Pablo Ramírez Puga y Eviel Pérez Magaña.
Designación de candidato a gobernador de Oaxaca, una encrucijada para el PRI.
La justicia, vía Fepade, está alcanzando a Arturo Escobar y Vega del Partido Verde.
Raúl Rodríguez Cortés
Cuentas pendientes con el pasado irrumpieron, inesperadamente, en la escena política oaxaqueña y amenazan como fantasmas el futuro político de dos de los suspirantes por la candidatura del PRI al gobierno del estado.
Las aspiraciones de Eviel Pérez Magaña y Héctor Pablo Ramírez Puga a esa candidatura quedaron severamente abolladas, luego de conocerse esta semana que la Comisión de la Verdad, creada en el estado para esclarecer violaciones a los derechos humanos y otros graves delitos contra la población civil, durante la represión al movimiento social de los años 2006 y 2007, los citó a comparecer junto con el también priista ex gobernador Ulises Ruiz, pero también a los panistas ex presidentes de la República, Vicente Fox y Felipe Calderón.
La ley que creó esa Comisión de la Verdad fue aprobada por el Congreso local (LXI Legislatura) y promulgada el 19 de octubre de 2013.
Desde entonces investiga los hechos sobre la base de estándares internacionales de derechos humanos, y ha levantado testimonios de 300 personas entre víctimas, testigos presenciales y actores sociales.
Con ese trabajo preliminar llegó a la conclusión de que existe evidencia de la responsabilidad por acción u omisión, de servidores públicos municipales, estatales y federales, a los que ha citado a comparecer.
Aquí hemos documentado la intensidad con que desataron la represión Ruiz y su camarilla, Pérez Magaña y Ramírez Puga entre muchos otros; apoyados por los ex presidentes Fox y Calderón, que desplegaron a las fuerzas federales que aplastaron al movimiento.
Se habla hasta de 50 muertos, dos desaparecidos y un número indeterminado de heridos, sin que hasta ahora haya una cifra reconocida oficialmente.
En eso enfoca la Comisión de la Verdad sus investigaciones.
Y en ese sentido, los testimonios levantados confirman que al embate de las fuerzas federales se sumaron grupos de represión selectiva que los propios oaxaqueños bautizaron como las “caravanas de la muerte”, otro de los graves señalamientos por esclarecer.
En aquellos días Héctor Pablo Ramírez Puga, hoy director de Liconsa, era el secretario técnico del gabinete del gobernador Ruiz; y Eviel Pérez Magaña, hoy senador de la República, era su secretario de Obras Públicas, ambos parte de un grupo entre los que también se cuentan un procesado por peculado, Bulmaro Rito Salinas ex presidente de la Cámara de Diputados, quien apenas salió de la cárcel el pasado 10 de noviembre mediante el pago de una fianza de ocho millones de pesos; y el prófugo Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas del estado, acusado de un millonario desfalco. Estos dos últimos también fueron citados a declarar.
Habrá que ver el manejo que dará el PRI a la selección de su candidato para Oaxaca, pues sería muy costoso designar a Pérez Magaña o a Ramírez Puga quienes para la población tienen las manos manchadas de sangre mientras no se esclarezcan estos hechos.
Y habrá que ver si a los citatorios de la Comisión de la Verdad acuden Fox y Calderón así como ex funcionarios de sus gobiernos
Uno de los que debe renunciar antes de que se cumpla el plazo, si es que quiere buscar por el PRI la gubernatura, es Alejandro Murat, director del INFONAVIT. Otro es Eviel Pérez.
ESCOBAR, EL VERDE Y LA DELINCUENCIA ELECTORAL
La subordinación al Poder Ejecutivo que siempre ha mostrado el ministerio público federal, es lo que dio carácter inédito a la consignación por delitos electorales del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación y miembro del Consejo Político del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega.
Esta consignación de la FEPADE fue sin detenido. Llegó a un juzgado penal federal con solicitud de aprehensión que el juez tiene diez días para resolver. Pero fue tal la sacudida y la presión que provocó en el gobierno federal, que Escobar renunció de inmediato a su cargo para poder probar su inocencia, según dijeron él y el Partido Verde.
La información se conoció el miércoles por la noche a través de un comunicado de la FEPADE que parece haber sorprendido a la misma PGR, de la que depende, si nos atenemos a que fue hasta horas después que la Procuraduría emitió un boletín en el que se refería al caso al final de una lista relacionada con delitos electorales.
El fiscal especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo hizo valer, a no dudarlo, su condición autónoma, pues no se pierda de vista que su designación es ratificada por el Senado. No obstante, diversos juristas consideran que incurrió en violación al Código de Procedimientos Penales, toda vez que una investigación en curso obliga a la secrecía y echa por tierra la presunción de inocencia. Hoy se esgrime este argumento cuando regularmente se procede así contra otro tipo de delincuentes, lo que no es justificación, solo práctica cotidiana.
A Escobar se le acusa de haber violado la ley electoral con la entrega a ciudadanos de diez mil tarjetas “Premia Platino” a cambio de votos para candidatos del Verde en las elecciones federales de julio pasado, lo que está expresamente prohibido por el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, violación ésta que se castiga con 15 años de prisión y hasta cinco mil días de multa.
Este caso derivó de dos denuncias: una del PAN y otra del PRD. La del blanquiazul fue presentada por Gustavo Madero quien asegura que para la entrega de ese tipo de beneficios al votante, Escobar firmó de puño y letra, como representante legal del Partido Verde, contratos hasta por tres y medio millones de pesos. La del partido del sol azteca la presentó la ex diputada federal Julisa Mejía Guardado quien recibió en su domicilio una de las tarjetas, acompañada de boletos para ir al cine, de parte del Verde. La ex legisladora denunció que dichas tarjetas llegaron a domicilios específicos utilizando información del padrón electoral.
En este sentido, la consignación de la FEPADE representa un severo golpe a la credibilidad del Instituto Nacional Electoral que exoneró al Verde de tales acusaciones y bateó la demanda de que le cancelara el registro como partido político.
También es un golpe para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer mismo se desmarcó del caso Escobar, al señalar que sus únicos dos pendientes con el Partido Verde, son los relacionados con una multa de 300 millones de pesos por presunta violación a la ley electoral, y una solicitud, interpuesta por ciudadanos, para la pérdida de registro del partido en cuestión.
Por lo demás, Arturo Escobar es un político tan impresentable como su amigo, jefe y dueño de la franquicia del Verde, Jorge González Martínez, pues ambos han estado involucrados en diversos escándalos e irregularidades.
En el caso de Escobar recordará usted cuando fue detenido, siendo senador, en el aeropuerto de Chiapas, estado que gobierna su partido, con una maleta Louis Vuitton cargada con un millón cien mil pesos en efectivo que jamás pudo explicar de quién eran y para qué. Súmele a ello el escándalo de las tarjetas y los boletos de cine o el de la venta de medicinas o la del pago a personalidades para que vía twitter, durante un partido mundialista de la selección nacional, dijeran que eran verdes.
NUEVA VERSIÓN DEL TUCOM
Dicen que en política lo que parece es y, en este caso, lo que parece es que se conformó una alianza informal entre PRI, PAN y PRD para frenar a Morena y a López Obrador. La reiteración creciente de críticas y maniobras desde las dirigencias de esos partidos, las instituciones y los grupos de interés, hacen parecer que las aspiraciones presidenciales de El Peje y su partido para 2018 van viento en popa, por lo que es urgente detenerle. Y ya decíamos que en política lo que parece es.
Del discurso y los promocionales que lo caracterizaron como “un peligro para México” en las fraudulentas elecciones de 2006 y en las del voto comprado de 2012, se pasó ahora a la intención de cambiar la ley para que, expresamente se prohíba el uso de spots de la manera que encontró AMLO, una que sin ser ilegal le ha permitido todos estos meses electorales y no electorales, consolidar su presencia e imagen a nivel nacional con la promoción de Morena.
Sus malquerientes en política y los corifeos, insisten que los spots de López Obrador sobre Morena y que sus giras de promoción por todo el país, son actos anticipados de campaña que deben impedirse y castigarse, pues hacen inequitativa la contienda ya que otros suspirantes no pueden hacerlo, no porque les esté legalmente vedado, sino porque no pueden saltar trancas o consideran políticamente incorrecto decir en este momento abiertamente que quieren y van por la grande.
El tema de la inequidad no se sostiene con datos como estos: el PRI difundió en las recientes elecciones de julio, cuatro millones 800 mil spots, contra 875 mil de Morena. Este último partido transmite uno diario, contra 22 del tricolor, en tiempos no electorales.
De manera que si no es convincente el tema de la equidad ni es ilegal que AMLO promueva a Morena en los spots que le corresponden, (lo que va a poder seguir haciendo como presidente nacional de su partido, a menos que prospere la reforma promovida por el PRI), la principal motivación de este tipo de maniobras no puede ser otra que el miedo a Morena.
Y uno debe suponer que ese medio debe ser de consideración, viniendo de un político hábil, astuto, muy bien relacionado y mejor informado como Beltrones, quien en esa lógica no ha tenido empacho en arremeter contra el peligro que representa, en su opinión, el populismo de El Peje.
A ese discurso también se han sumado los cuadros dirigentes del PAN. Su líder nacional, Ricardo Anaya decía el sábado en asamblea extraordinaria de su partido: “por el bien de México, ni más priismo de los viejos vicios, ni el estatismo depredador de López Obrador”.
Aplaudía a rabiar el ex presidente blanquiazul, Gustavo Madero quien pese a sus revanchas pendientes se sentó junto con el ex presidente Felipe Calderón y su esposa y suspirante a una candidatura presidencial (blanquiazul o independiente), Margarita Zavala. Y ella, también sumada a las andanadas contra AMLO, declaró que la utilización de los tiempos oficiales para promoción personal “pone en riesgo la democracia”, mientras que su marido, Felipe Calderón simplemente le dio la razón a Beltrones.
Para el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, la propuesta de reforma electoral de su homólogo priista, “tiene dedicatoria personal”, sin que ello modifique los términos de la relación perredista con Morena, apuntalada por Los Chuchos de Nueva Izquierda que se quedaron el sábado pasado en el pleno de su Consejo Nacional, con prácticamente la totalidad de las canicas del comité ejecutivo.
En medio de esto, López Obrador fue electo el fin de semana pasado presidente de Morena. Ya leo los muchos “como se esperaba”, “por voluntad del dueño del partido” y demás etcéteras. Es claro que el peso político y ético de AMLO hace que sus decisiones se respeten en Morena, lo que no quiere decir que en el nuevo partido no se tomen decisiones colectivas. Quienes así lo afirman no sólo desconocen cómo opera Morena sino que ofenden a sus millones de militantes lo que llevaron a ganar en su debut como partido político 30 diputaciones federales, 22 en la ALDF y cinco delegaciones en la ciudad de México, lo que nunca. Y ahí está la razón del surgimiento de otro TUCOM, “todos unidos contra Morena”, reedición de aquellos “todos unidos contra Madrazo” o su versión blanquiazul “todos unidos contra Madero”. Y es que el miedo no anda en burro. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC ,raulrodriguezcortes.com.mx )
