Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
A más tardar pasado mañana, Emilio Lozoya debería comparecer ante los jueces federales que lo reclaman, si nos atenemos a la versión de fuentes de la FGR que aseguran se pidió un plazo de siete días para presentarlo, cuando lo hospitalizaron el viernes pasado un par de horas después de su llegada a México. Ese permiso judicial podría ampliarse según vaya la convalecencia por la cirugía de hernia que se le practicó. De cualquier forma, lo más probable es que será una presentación vía remota, ya que las audiencias judiciales, en virtud de la pandemia, sólo se están llevando a cabo en esa modalidad.
¿Estamos ante un procedimiento ilegal o algún tipo de maniobra que apunte hacia la impunidad? No, según la opinión de varios abogados consultados por esta columna. Estamos más bien ante un procedimiento legal, pero inusual en delitos de cuello blanco, que desatinadamente se empañó desde su inicio por falta de información clara y oportuna de la FGR.
Informar inmediatamente después de su llegada que Lozoya sería trasladado en helicóptero a un hospital por problemas médicos, y aclarar que el convoy que partió del aeropuerto al Reclusorio Norte no llevaba al detenido, hubiera evitado interpretaciones de que se engañó a la prensa, tufos de ilegalidad y los desatinos de AMLO y Alfonso Durazo al asegurar en la mañanera del viernes pasado que ya estaba en prisión.
Como se sabía que el exdirector de Pemex negoció aceptar su extradición a cambio de aportar información sensible que redujera su condena, aquel desorden en el aeropuerto alimentó la idea de que atestiguábamos un primer capítulo de un pacto de impunidad, al estilo de gobiernos anteriores.
Pero no es así. Lo hasta ahora ocurrido no es ilegal. Está previsto en disposiciones del nuevo sistema de justicia penal. Lozoya llegó a México en calidad de detenido y esa es hasta ahora su situación jurídica. Contra él se ejecutó una orden de aprehensión y deberá ser presentado ante los jueces federales que lo reclaman por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Con el permiso concedido por ellos, se libró la obligación constitucional de consignar al detenido en un término no mayor de 48 horas. Claro que la FGR deberá presentarlo una vez que, pasado mañana, se venza el plazo acordado, aunque ahora se atravesó la operación a la que se le sometió.
En los días transcurridos desde su llegada a México, Lozoya ya amplió ante el ministerio público, no ante los jueces, la declaración que hizo en España y que, de acuerdo con filtraciones, involucra en la trama a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y otros más. Esa ampliación fue confirmada por el propio AMLO el lunes pasado.
¿CUÁL ES EL PASO
QUE SIGUE?
¿Qué seguiría? Por supuesto su presentación ante jueces mexicanos para dar paso a un juicio abreviado en el que el acusado acepte su culpabilidad y repare el daño cometido, a cambio de una pena reducida si es que el MP no opta, como puede hacerlo, por no ejercitar la acción penal. AMLO dijo ayer que a su gobierno le interesa recuperar dinero, por ejemplo, los 200 millones de dólares del sobre precio pagado por Pemex al comprar Agro Nitrogenados. Así, la reparación del daño evitaría que el latrocinio quede impune.
Todo eso es posible mediante los llamados criterios de oportunidad, previstos en el artículo 21 de la Constitución y explicitados en el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la causa de Lozoya aplica principalmente el de su fracción quinta: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
De manera que, tras la reparación del daño de los delitos por los que se le extraditó, la aplicación de una condena más benigna y la eventual no ejecución de la acción penal contra él y familiares relacionados con el caso, se integraría una nueva carpeta de investigación por un delito más grave, sustentado en la información que aporte el acusado, ya convertido entonces en testigo colaborador.
Todo indica, en este escenario, que Lozoya no pisará la cárcel pero que la información que aporte destaparía una red de corrupción en la que estarían involucrados al menos dos expresidentes. Ese fue el trato.
INSTANTÁNEAS:
- ABREN DEBATE. El impacto económico del Covid19 hará inevitable un ajuste presupuestal para el año entrante. Su tamaño y efectos obligan a que en su diseño participen todos los sectores productivos del país y que el resultado se sustente en el mayor consenso político posible. Por eso es importante el anuncio hecho ayer por el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta de que la Ley de Ingresos 2021 será debatida con el sector empresarial, el obrero y el social bajo la modalidad de parlamento abierto. La intención es que tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos sean motores para la reactivación económica y la recuperación del empleo. Los consensos son posibles y le urgen al país. Hay experiencias pasadas que dieron buenos resultados en la consecución de objetivos específicos. Recuérdese el Pacto de Solidaridad Económica impulsado por Miguel de la Madrid y ratificado por Carlos Salinas como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico o, más recientemente, el Pacto por México de Enrique Peña Nieto. Se armaron, claro está, para alcanzar metas de un proyecto de país. ¿Por qué no armar uno con el proyecto de este gobierno en el centro?
- MINERÍA. Si el titular de la Semarnat Víctor Toledo Manzúr cumple su promesa de no estar ya en contra de la minería en general, deberá permanecer al margen de los foros de protesta que esta semana realizarán diversos organismos contrarios a esa actividad industrial. Después de muchos altercados con empresas del sector, Manzur declaró que sus operaciones se revisarán caso por caso. A ver si le alcanza el tiempo porque, dicen los que saben, que él será uno de los funcionarios cuya salida se anunciará próximamente.
- EL AVIÓN. Si no hay cambios de última hora, el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” regresará a México este miércoles y estrenará la Base Militar Aérea 19 (antes Sexto Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde quedará resguardado. Esto fue confirmado por fuentes de la Presidencia y de la Defensa Nacional. El Boeing 787-87 salió de México hacia el Aeropuerto de Logística de San Bernardino, California, el 3 de diciembre de 2018, a dos días de iniciado el gobierno de AMLO quien anunció su venta aún no concretada.
¿ESTÁ EL CASO LOZOYA DETRÁS DE
LA SALIDA DE JIMÉNEZ SPRIÚ?
La militarización de los puertos y las aduanas anunciada por AMLO el viernes pasado, deberá pasar, necesariamente, por modificaciones a la ley. Y es que, sin menoscabo de la necesidad de que la Marina y el Ejército refuercen la seguridad y emprendan la limpieza de esos recintos infestados de corrupción, su administración corresponde, constitucionalmente, a la SCT y Hacienda, respectivamente. El propio Presidente dijo ayer que promoverá ante el Congreso las reformas necesarias.
Entonces no hay marcha atrás y eso lo confirma el hecho de que AMLO haya aceptado la renuncia de Javier Jiménez Espriú quien argumentó no estar de acuerdo con esa decisión presidencial.
La salida del gabinete del hoy ex titular de la SCT fue la más cantada casi desde el inicio del gobierno de la 4T. A lo largo de los pasados dieciocho meses se especuló con los más diversos motivos. Finalmente se concretó ayer por su oposición a militarizar lo puertos, según lo explica en su carta renuncia y lo dijo el Presidente al anunciarla.
¿Será ésta una razón lo suficientemente poderosa como para romper una relación de años, habida cuenta de que Jiménez Espriú acompañó a AMLO en su proyecto político desde su primera campaña presidencial en 2006?
Cercanos al ahora ex funcionario aseguran que ya estaba cansado por su edad, pero, sobre todo, desencantado de no ser tomado en cuenta y de no poder decidir nada, supeditado, como estaba, al control ejercido por López Obrador en esa y todas las dependencias de su gobierno. Dicen que lo que más le dolía era que el Presidente no apreciara la denodada defensa que personalmente hizo de la suspensión del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo que, aseguran, le generó gran desprestigio entre el gremio de la ingeniería.
Pero entre quienes consideran que la discrepancia sobre la militarización de los puertos fue sólo un pretexto para justificar las razones personales de la salida de Jiménez Espriú, también están los que advierten que la extradición a México de Emilio Lozoya es la causa de fondo, ya que evidenciará su relación con la constructora brasileña Odebrecht mediante una empresa de la que es accionista su esposa y de la que fue director general, según denunciara el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en uno de los debates de candidatos presidenciales realizado el 13 de junio de 2018.
Se trata de la empresa petroquímica Grupo Idesa fundada en 1956 por Pascual Gutiérrez Roldán, suegro de Jiménez Espriú, y que se asoció en 2010 con Braskem, filial de Odebrecht, para operar el complejo Etileno XXI de Coatzacoalcos, construido por la brasileña con créditos de la banca de desarrollo de nuestro país y a la que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto acordaron subsidiar durante veinte años con el suministro de etano importado.
Aunque Jiménez Espriú reconoció la participación accionaria de su esposa en Idesa, negó haberla dirigido como lo afirmó Meade quien fue –y eso no lo dijo en aquel debate presidencial- el que autorizó en 2011, como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, el contrato de Etileno XXI para Barskem-Idesa.
INSTANTÁNEAS:
- EL RELEVO. Para sustituir a Jiménez Espriú, quien presentó su renuncia el pasado 17 de julio, exactamente el día en que Lozoya llegó a México, fue designado Jorge Arganis Díaz Leal, un ingeniero civil de gran reconocimiento entre sus pares, quien fuera director general de Obras en la ciudad de México, cuando AMLO fue jefe de gobierno. Sus cercanos lo describen como un hombre congruente con sus ideas de izquierda moderada, sostenidas durante toda su carrera. Últimamente se desempeñaba como director de PTI Infraestructura para el Desarrollo, filial de Pemex creada el año pasado para supervisar la construcción de la refinería de Dos Bocas.
- MÁS FUNCIONES. Dicen los que saben que, la gran cantidad de funciones encomendadas a las fuerzas armadas obligará al alto mando a echar mano de militares en retiro para que se ocupen de puertos y aduanas. La Marina a los puertos y el Ejército a las aduanas. En este último caso jugará un papel crucial el general de división Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, segundo en mando en cuanto a decisiones operativas. Su Sección Primera, encargada de los recursos humanos del Ejército, será la que proponga ternas de militares en retiro para ocupar los puestos requeridos. Claro que la última palabra la tendrá el general secretario Luis Cresencio Sandoval.
- BUENAS. Esta semana cierra con dos ejemplos de que es posible tomar decisiones por consenso, aún en medio de la polarización política que se ha agudizado con el muy tempranero ánimo preelectoral. Una fue la del anuncio de una iniciativa de reforma al sistema de pensiones que deberá procesar el Congreso pero que, de entrada, fue elaborada y avalada por el gobierno, los empresarios y los trabajadores. De su contenido ya habrá oportunidad de comentar en próximas entregas;
- LA OTRA fue la elección consensuada de los cuatro nuevos consejeros electorales que ayer rindieron protesta ante el Consejo General del INE. Ni se impusieron los morenistas radicales ni la oposición a ultranza. La percepción es que la Cámara de Diputados eligió a quienes, por sus méritos, no por cuotas partidistas, llegan a esas posiciones cruciales para la democracia. Imposible que en lo personal no se identifiquen con posiciones ideológicas, pero su obligación, para eso juraron, es la de ser autónomos e imparciales. Carla Astrid Humphrey Jordan viene de la dirección general adjunta de la UIF de Santiago Nieto, pero ha estado muy cerca de las estructuras panistas desde que era esposa de Roberto Gil Zuhart y tiene méritos propios en materia electoral a lo largo de su carrera. Fernando Faz Mora, formado en el movimiento democrático que encabezó en San Luis Potosí el doctor Salvador Nava, ha tenido una participación importante en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. Norma Irene de la Cruz Magaña fue asesora del gobernador morenista de Tabasco, Rutilio Escandón, pero tiene gran experiencia como observadora electoral de la Agencia Internacional de Desarrollo. Y Uc–Kib Espadas Ancona es un ex diputado perredista que nunca ha ocultado sus simpatías por el proyecto de López Obrador.
El avión presidencial, de regreso - EL REGAÑO. Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sacó en tiempo de reposición los nombramientos de los consejeros electorales, no consiguió un nuevo período extraordinario de sesiones para procesar iniciativas de fundamental interés para AMLO: la de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria que le da poderes para disponer de fondos en situaciones de emergencia, la de extinción de Fideicomisos y la de Remuneraciones que fija el salario del presidente para que ningún funcionario público gane más que él. Por eso fue el regaño del Presidente el miércoles pasado en el que de paso machucó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal quien sacó adelante en período extraordinario las leyes que armonizan el T-MEC y consiguió convocar a otro para atender iniciativas pendientes: el permiso para que tropas mexicanas salgan del territorio nacional para participar en un encuentro internacional promovido por Rusia, el nombramiento de la directora o director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la elección del magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la iniciativa que crea la Ley General de Salud Mental, la que reforma la Ley General de Salud en materia de prevención del suicidio, la ratificación de personal diplomático de Belice, Irán, Serbia y España, y las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa. Así que el regaño fue para Delgado, no para Monreal.
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