Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
La Suprema Corte de Justicia tomará el lunes próximo una de las decisiones más trascendentes para el futuro del sistema político-electoral del país: rechazar o validar la ley con la que el Congreso de Baja California amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.
Antes de precisar lo que está en juego y esbozar el brutal cabildeo del que son objeto los ministros del máximo tribunal del país en relación con la llamada Ley Bonilla, repasemos algunos antecedentes.
El Congreso de BC votó por unanimidad en 2014 empatar sus elecciones locales con las federales, lo que implicaba que el estado tuviera una gubernatura de dos años (2019-201219. Esa reforma fue impugnada, por lo que el Tribunal de Justicia Electoral del estado ordenó al instituto electoral local ampliar el período de gobierno de dos a cinco años. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó esa orden y se regresó al mandato de dos años.
Bonilla Valdez impugnó, pero el TEPJF descartó la ampliación del período cuatro días antes de las elecciones en las que el hoy gobernador contendió y ganó para un mandato de dos años. Sin embargo, cuatro meses antes de que Bonilla Valdez tomara posesión, la Legislatura saliente, con el voto de la mayoría panista, volvió a ampliar a cinco años el período de gobierno, lo que desató todo un debate nacional.
Contra la Ley Bonilla se interpusieron al menos seis demandas de inconstitucionalidad que son las que la Corte está por resolver. El lunes pasado se conoció que el proyecto de resolución, a cargo del ministro Fernando Franco González Salas, propone declararla inconstitucional porque el mandato popular que recibió Bonilla Valdez fue para ejercer el gobierno únicamente por dos años y prolongarlo sin un proceso electoral es violatorio de la carta magna.
Como se trata de una ley vigente y de un proceso de control constitucional, el proyecto del ministro Franco contra la Ley Bonilla debe ser aprobado por dos terceras partes del pleno de la Corte conformado por once ministros, es decir, por ocho votos. O, dicho de otra forma: si cuatro ministros votan contra el proyecto, la Ley Bonilla se mantendría en vigor con el mandato de cinco años.
Por eso le hablaba de un cabildeo brutal que a favor de Bonilla se realiza desde el gobierno de la 4T sobre las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa; pero también desde el PRI sobre los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Lo sorprendente son los nombres de los principales cabilderos según confiaron a esta columna fuentes de las ponencias de dos ministros: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La ministra en retiró asistió con la representación presidencial a la toma de posesión de Bonilla Valdez el primero de noviembre de 2019. Después de la ceremonia se reunió en privado con el gobernador. Sobre el encuentro se filtró un video en el que la secretaria de Gobernación, entre abrazos y sonrisas, consideró legal que el mandatario bajacaliforniano tuviera un período de cinco años. De entonces a la fecha se ha inferido que Sánchez Cordero está a favor de la Ley Bonilla.
El cabildeo de Salinas tendría una primera explicación por los sólidos vínculos que Bonilla ha tenido con priistas cercanos al expresidente. Varios están en su equipo de trabajo. Su representante en la ciudad de México, Fernando Castro Trenti, muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, es uno. Otro es su secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano quien ayer difundió un video en el que, con gran soberbia, parece burlarse de la Corte, le “tira” línea para que avalen una ley que, dijo, fue decisión soberna del Congreso bajacaliforniano y como único argumento esgrimió que en estos tiempos de pandemia no están las cosas para gastar en nuevas elecciones.
Otra explicación podría ser que Salinas apuntala una decisión que sabe resultará costosísima para AMLO y su gobierno, porque abriría la “caja de Pandora” al sugerir que es posible armar todo tipo de maniobras reeleccionistas, pero, sobre todo, al trampear la voluntad popular expresada en las urnas y torpedear la normalidad democrática. Sin exagerar: en la Corte se libra la madre de todas las batallas político-electorales.
INSTANTÁNEAS:
- DATOS. Jaime Bonilla Valdez es, por decir lo menos, un personaje extraño. Aquí le contaba en entregas pasadas que, en algún parte de su vida, dicho por el mismo, fue informante del FBI. Todos saben que tiene la nacionalidad estadounidense. El 6 de junio de 2008, según consta en la copia de un documento en poder de este reportero, juró defender la Constitución de los Estados Unidos y la de California, al registrarse como candidato a director de Aguas del distrito de Otay. Algunos de sus intereses empresariales tienen que ver con la disputa del vital líquido, bandera que ahora enarbola para favorecer, según dice, a los bajacalifornianos. Su fortuna es ampliamente conocida pero poco se sabe de sus presuntos problemas con la ley. Según el periódico Alarma del primero de septiembre de 1982, que presenta una ficha de reclusión, estuvo preso en Tijuana en 1981 por cargos que no especifica. Al salir, asegura el rotativo, fue prófugo de la justicia por un fraude presumiblemente cometido en contra del Infonavit.
- RENUNCIA. El pasado primero de mayo le preguntaba aquí si era Walmart la empresa multinacional demandada por fraude fiscal por la Fiscalía General de la República. No diga que sea a consecuencia de lo aquí escrito, pero ese día un correo interno enviado por Guilherme Louroeiro, de la presidencia ejecutiva y dirección general de la cadena de tiendas departamentales, notificó que Mauricio Arnábar “deja de pertenecer a la compañía con efecto inmediato” donde se desempeñó por 23 años como CMO (Jefe de la Oficina de Marketing por sus siglas en inglés).
- DONATIVO. A través de la organización Direct Relief, los laboratorios AstraZeneca México donaron 350 mil máscaras quirúrgicas para uso de personal de salud a la Fundación IMSS. La donación es parte de un plan integral de apoyo a profesionales de la salud que incluye la entrega de alimentos en hospitales, un fondo de donación y voluntariado de colaboradores.
LEY BONILLA: UN EMBROLLO LEGAL EN LA CORTE
“No soy ni seré cabildera de nadie”, hizo saber a esta columna la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a propósito de lo aquí publicado sobre las presiones de que son objeto algunos ministros de la Corte, en vísperas de que resuelvan si se amplía o no de dos a cinco años el período de gestión del gobernador de Baja California, Javier Bonilla Valdez.
En atención a su derecho de réplica, sintetizo los argumentos expresados en la carta que lo solicita: 1. Que acudió a la toma de posesión del mandatario bajacaliforniano como encargada de la política interior del país y en cumplimiento de la función de tender puentes de comunicación con todos los órdenes de gobierno; 2. Que la última vez estuvo en la Corte fue en diciembre de 2019 durante el informe anual del ministro presidente Arturo Zaldívar, punto este último con el que sugiere que, al no haber estado en la Corte durante los últimos cuatro meses, no ha cabildeado, como aquí se dijo, a favor de la Ley Bonilla; y 3. Que su compromiso es con la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la cuarta transformación.
Es bueno saber que la responsable de la política interior del país ya no está cabildeando a favor de la Ley Bonilla y digo ya no porque fue público, a través de un video grabado durante la reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador el día de su toma de posesión, que la secretaria de Gobernación aseguró que la impugnada ley quedaría firme.
Es pertinente decir además que, con la Corte cerrada por la emergencia sanitaria, hay otros medios, además del presencial, para establecer comunicación con sus integrantes. Pero, en cualquier caso, es buena noticia saber que el criterio de Sánchez Cordero haya cambiado.
El proyecto de resolución que propone al pleno el ministro Fernando Franco González Salas va por la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla. Argumenta que “permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular una vez expresada la voluntad en las urnas”, es un “fraude a la ley” que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
El gobierno de Baja California, por supuesto, tiene su propia interpretación sobre el diferendo. Sus argumentos centrales los hizo llegar a esta columna el abogado Ángel Junquera:
- Que el gobernador Bonilla se registró como candidato conforme a una Convocatoria que establecía que el período de gobierno sería de cinco años (página 18 del Periódico Oficial del Estado de Baja California del 8 de marzo de 2019), misma que nunca fue modificada; 2. Que si bien su constancia de registro se le otorgó por dos años, ésta fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado, colegiado que rechazó la impugnación por considerarla extemporánea, no por haber resuelto el fondo del asunto; 3. Que al gobernador le “disminuyeron” el período para el cual solicitó su registro; 4. Que la constancia de mayoría que se le entregó después de ganar las elecciones fue por dos años, resolución que también se impugnó; 5. Que el anterior Congreso del estado (de mayoría opositora, no de Morena) emitió el decreto que hoy se impugna en la Corte para ajustar el período de mandato a los cinco años originalmente publicados en la Convocatoria; y 6. Que Bonilla rindió protesta para gobernar cinco años y que si la Corte vota a favor de reducir el período “abrirá la puerta a que cualquier Congreso pueda modificar el período de mandato de un representante electo en funciones”.
En la complejidad legal del diferendo se esconden las consecuencias que para el sistema político-electoral traerá la resolución que tome la Corte el lunes próximo.
INSTANTÁNEAS:
- MÁS DATOS. El 12 de agosto de 2019, el PRD solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dejar sin efecto el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento número 1483 expedido el 25 de junio de 2012 a favor de Javier Bonilla Valdez. El hoy gobernador de BC nació en Tijuana el 9 de junio de 1950 pero, según sus propias declaraciones, se mudó a Chula Vista, California desde finales de 1977 ostentando tener doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. Tramitó el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento en 2012 para poder participar en la política nacional. Al obtenerlo se obligó (artículo 17 de la Ley de Nacionalidad) a renunciar a “toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de aquel que le atribuya la otra nacionalidad”. Sin embargo, Bonilla Valdez violentó esa disposición al inscribirse en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para participar electoralmente para ocupar el cargo de Director de Departamento de Agua del Distrito de Otay en California, para lo cual es requerimiento obligado ser ciudadano estadounidense. Además, estuvo registrado y certificado como votante del estado de California hasta 2018. De hecho, votó en las elecciones primarias presidenciales en California el 5 de junio de 2012. Todo esto lo hacía inelegible como candidato a gobernador, según la solicitud de marras entregada a Relaciones Exteriores con 82 fojas apostilladas y notariadas con diversos documentos oficiales, respecto a la cual no ha dado respuesta esa dependencia.
- ADELANTO. Entre las más recientes medidas anunciadas por AMLO para canalizar más recursos a la atención de la pandemia del coronavirus, está la de cancelar este año el aguinaldo de los servidores públicos. En lo que son peras o son manzanas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro decidió adelantárselo en la primera quincena de abril, a menos que haya sido un pago pendiente diferido. Pero lo anterior consta en un recibo del Sistema Integral de Información Financiera del gobierno federal (SIIF) que, como se sabe, detalla desgloses similares al recibo de nómina del empleado, sin que deba considerarse documento oficial. Registra un aguinaldo de 131 mil 570 pesos.
- DESCONFINAMIENTO. AMLO confirmó ayer que ya se tiene un plan para la regionalizada, paulatina y segura reapertura de la actividad económica conforme a la fecha estimada por las autoridades de salud que es el17 de mayo. Se hará, según dijo anteriormente, en los municipios que registren menos contagios y que no tengan vecindad con otros de alto contagio. De acuerdo con la información de la secretaría de Salud, son mil 500 municipios, de los dos mil 457 que tiene el país, los que no registran contagio y corresponden a los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas
- EL COCO. Jorge “El Coco” Castillo, el hombre de las finanzas privadas del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, es uno de los socios de Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, involucrado en la presuntamente irregular compra-venta a sobreprecio de ventiladores para el IMSS del estado de Hidalgo. (rrodriguezangular@hotmail.com, @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx)