Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
4:50 horas del martes 13. El semblante siempre altivo de Rosario Robles empieza a transformarse conforme el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo argumenta su resolución. Pasa de la sorpresa a la incredulidad. Su hija Mariana Moguel duerme reclinada en el hombro de su acompañante, acaso agotada tras casi doce horas de audiencia en un juzgado del Reclusorio Sur, por los rumbos xochimilcas de la ciudad que gobernó su madre.
4:56 horas. El rostro de la también exsecretaria de la SEDESOL y la SEDATU se descompone cuando Delgadillo la vincula a proceso por ejercicio indebido del servicio público al ocasionar un presunto quebranto al erario por más de cinco mil millones de pesos (la Estafa Maestra). La defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, ajusta la estrategia. Está en el peor escenario que se planteó: vinculación a proceso. Pero está segura de que se seguirá en libertad.
5:05 horas. El ministerio público federal demanda medidas cautelares: prisión preventiva justificada o reparación del daño por cinco mil millones de pesos.
5:10 horas. Desencajada, descompuesto el semblante por la presión del ánimo, Robles escucha al juez conceder la prisión preventiva justificada por dos meses, término en que la Fiscalía General de la República deberá complementar su investigación. El juez Delgadillo razonaba que hay datos suficientes para suponer que podría evadirse de la justicia: dos domicilios reportados en los que no se le encontró y la disposición de fondos y contactos obtenidos durante sus seis años como secretaria de despacho para poder hacerlo.
5:20 horas. Rosario Robles pide la palabra, reitera su inocencia y refiere su disposición a enfrentarse a las acusaciones como ejemplo de que no pretende escapar. Pide por eso el beneficio de seguir su proceso en libertad. El juez se lo niega. Mariana despierta y se entera. Siguen algunas horas de trámite hasta su traslado a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla donde ha pasado la primera noche.
Si histórica fue la audiencia del pasado jueves 8 de agosto puesto que convirtió a Rosario Robles en la primera secretaria de despacho imputada por hechos de corrupción, ésta de ayer no demerita tal condición pues, también por primera vez, una funcionaria pública del más alto nivel es vinculada a proceso y llevada a prisión preventiva. Pero más aún: porque abre la puerta para indiciar, por el mismo delito, a un expresidente y a un excandidato presidencial.
La defensa de Robles apostaba a demostrar que no fue omisa al notificar las irregularidades detectadas por el ex auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal en la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, punta de la madeja del presunto desvío de miles de millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y otros programas sociales, utilizando a once dependencias del gobierno, ocho universidades públicas y 186 empresas, la mayoría de ellas fantasma.
Uno de los documentos de descargo que presentó fue el acta de entrega-recepción que los equipos de Rosario Robles y José Antonio Meade firmaron cuando éste la sustituyó en la titularidad de la SEDESOL el 27 de agosto de 2015. Dos cosas quedan claras en ella: que en ningún momento omitió dar los avisos correspondientes de sus funciones como secretaria de despacho, al presidente Peña Nieto a través de los “acuerdos” y/o de la línea directa a la oficina de la Presidencia (Red Privada o línea roja) y a su sucesor Meade en el documento de entrega-recepción de la Secretaría.
Pero con la justificación de la no omisión, el juez Delgadillo les volteó el chirrión por el palito, ya que lo llevó a concluir que Robles estaba enterada del desfalco y no procedió en consecuencia y más aún, que el acta de marras era una “joya” pues a partir de ella recomendó al ministerio público investigar a los mencionados, Peña y Meade, mientras que ordenó a Robles a entregarle a más tardar el 16 de agosto una copia notariada del acta de marras.
Instantáneas:
- MEADE. En medio de la sorpresa que fue la vinculación a proceso y encarcelamiento de Rosario Robles, gran revuelo provocó ayer en la mañana que se viera salir de Palacio Nacional a los exsecretarios de Hacienda, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. Finalmente, hasta horas de la tarde, el actual titular de la dependencia, Arturo Herrera confirmó en su cuenta de Twitter que desayunó con ellos. Explicó que reconoce el valor de las experiencias de sus antecesores en el cargo por lo que durante los últimos meses ha tenido reuniones informales con casi todos los secretarios y subsecretarios que lo antecedieron desde 1994.
- JUEZ. Polémico, por decir lo menos, ha sido el juez de control que vinculó a proceso y envió a prisión preventiva a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Felipe de Jesús Delgadillo liberó, por mala integración del expediente, a Luis Felipe Pérez “Felipillo” hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, exlíder del cártel de Tláhuac, lo que le generó una fuerte confrontación con AMLO. Y si por si usted no lo sabía, el juzgador también tiene bajo su responsabilidad el expediente del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los presuntos sobornos de Odebrecht.
- DOMINÓ. Además de Peña Nieto y Meade, otras piezas del dominó peñanietista que podrían caer por la Estafa Maestra son Alfredo del Mazo, Emilio Chuayfett, Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Martínez y Martínez y Gerardo Ruiz Esparza. Ya veremos.
- PACTO OAXACA. Fue puesto en marcha el miércoles pasado un proyecto de desarrollo que no solo salda deudas de justicia, sino que se vislumbra económica y socialmente redituable. Se trata de una agenda estratégica denominada “Hacia un Sur Sureste del Futuro”. Se le bautizó también como “Pacto Oaxaca”, lo que reconoce el trabajo y la convocatoria para ese fin del gobernador Alejandro Murat. Lo firmó AMLO en el marco de un evento de la Concamin que congregó a empresarios, a los gobernadores de los nueve estados de la región, a embajadores de diversos países y a seis secretarios de Estado. El proyecto compromete una inversión pública de 150 mil millones de pesos con la participación de los sectores empresarial y social. AMLO se comprometió con un proyecto que tiene cuatro ejes: rescate del campo y apoyo a la microempresa, apoyar a la iniciativa privada con simplificación en el pago de impuestos, facilitar la inversión nacional y extranjera, y el desarrollo de proyectos estratégicos como el Tren Maya y el corredor multimodal interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Murat, por cierto, ha sido el principal impulsor de este último proyecto.
- TRANSPARENCIA. Sin duda que la llamada Estafa Maestra es un trabajo periodístico de excelencia en el que las solicitudes de información procesadas por el INAI contribuyeron para integrar para integrar el producto noticioso que hemos visto, con sus trascendentes repercusiones.
- ¿NUEVA ERA? Alejandro Moreno Cárdenas recibió el miércoles pasado la constancia que acredita su triunfo en las elecciones internas del PRI. El exgobernador de Campeche rendirá protesta este domingo 18 de agosto, por la mañana, en la sede nacional del tricolor. ¿Será el inicio de una nueva era para el priismo?
- JUDICATURA. A propósito de la lucha anticorrupción, la ciudadanía está en espera de una investigación a fondo por las posiblemente graves irregularidades en las adjudicaciones de los Centros de Justicia Penal que tuvieron lugar cuando el ministro Luis María Aguilar estuvo al frente de la Corte. Al respecto se ha señalado que fueron asignados de manera directa contratos de obra pública por más de dos mil millones de pesos en presunta violación de todas las disposiciones legales aplicables. Hasta ahora nada se sabe, por ejemplo, del famoso “cajuelazo”, cuando se encontraron 4 millones de pesos en efectivo en el vehículo a cargo del entonces director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda. Al interior de ese órgano se dice que los beneficiarios de esas asignaciones están tranquilos ya que se trataría de empresas recomendadas por el consejero Alfonso Pérez Daza, muy amigo de Pérez Maqueda desde que trabajaban en la PGR. Pérez Daza, irónicamente, es el actual representante del Poder Judicial en el Sistema Anticorrupción.
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