Gran Angular: ¿Ebrard al lugar de Durazo?


Alfonso Durazo Montaño

Raúl Rodríguez Cortés/El Universal

Tómelo con reserva, pero al más alto nivel del gobierno se analiza la posibilidad de que, dentro de un paquete de ajustes en el gabinete que se anunciaría pronto, Marcelo Ebrard deje la secretaría de Relaciones Exteriores para hacerse cargo de la de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Durazo.

El remplazo tendría el objetivo de aprovechar el fluido canal de comunicación que Ebrard ha construido desde la Cancillería con el gobierno de Estados Unidos -tras la aceptación mexicana de control migratorio para evitar la imposición de aranceles estadounidense- a fin de frenar, si no la inminente designación de terroristas de los cárteles mexicanos de la droga -anunciada por Donald Trump la semana pasada-, sí las operaciones militares y policiacas del vecino país en nuestro territorio que Washington reclamaría luego de tal declaratoria, de acuerdo con sus leyes.

Marcelo Ebrard Casaubon

Claro que estaría en sus atribuciones hacerlo desde su actual puesto, pero un eventual relevo –explican las fuentes consultadas- es bien visto o hasta sugerido por el Ejército y la Armada, donde no ha resultado fácil la relación con Durazo quien, por ley, está al frente de la recién creada Guardia Nacional conformada en su mayoría por militares, y menos después de los errores cometidos y reconocidos por el propio secretario de Seguridad y el alto mando de las fuerzas armadas, durante la abortada detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” en Culiacán, el pasado 17 de octubre.

Al tristemente célebre “Culiacanazo” siguió la masacre de nueve integrantes de las familias Le Barón y Langford (seis niños y tres mujeres) ocurrida el 5 de noviembre en Bavispe, Sonora. Brayn Le Barón, quien reside en California, pero que fue quien solicitó a la Casa Blanca, como parte de ese clan mormón de mexicanos-norteamericanos que desde hace años vive en la frontera norte de nuestro país, que declare terroristas a los cárteles mexicanos (https://bit.ly/2RrNMTp). Y en abono a los argumentos esgrimidos en la petición, de que el Estado mexicano enfrenta un enrome desafío de las organizaciones criminales, ocurrió este fin de semana el enfrentamiento armado en Villa Unión, Coahuila, con saldo hasta ahora de 23 muertos.

Trump confirmó la petición de los Le Barón, pero explicó que ya trabajaba en eso desde hace noventa días, mucho antes aún de los críticos hechos de Culiacán. Y es que el proceso para hacerlo es largo y se cruza con las legislaciones de otros países y la internacional. La declaratoria puede tomar hasta seis meses de acuerdo con la Sección 219 del acta o ley de Inmigración y Nacionalidad de EUA que establece el procedimiento para hacerlo y medidas específicas de congelamiento de cuentas y bienes que, ojo, también aplicarían a instituciones empresariales o financieras estadounidenses. (https://bit.ly/2LgvGj6).

Son varias las características enunciadas por esa norma para declarar terrorista a determinada organización. En el caso de los cárteles mexicanos de la droga aplicaría la de que pone en peligro la vida y la seguridad nacional estadounidense (https://bit.ly/361i8jv).

Donald Trump

Y la opción de intervenir militar o policiacamente en territorio extranjero es avalada por la Orden Ejecutiva 32224 de la Casa Blanca (https://bit.ly/2OLyU0h), lo que, en términos de derecho internacional, debería estar sometido al visto bueno de la ONU conforme a la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad.

AMLO fijó ya su posición al respecto: cooperación sí, intervencionismo no, lo que cierra la puerta a misiones militares en nuestro territorio, por más quirúrgicas que sean.

La anunciada visita en esta semana del fiscal general estadounidense, William Barr para tatar el asunto, parece flotar en el aire, embrollado como está en el procedimiento de juicio político del Congreso contra Trump por el Ucraniagate.

Mientras tanto, también se estudia la posibilidad de un plus para la negociación en puerta: entregar en extradición, dentro de los próximos 15 días, a Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Alfonso Pérez Daza

La fuente consultada por este reportero no precisó, en caso de que se diese el cambio de marras, a dónde iría Durazo ni quién sustituiría a Ebrard. Éste, por lo pronto, seguiría siendo el apaga fuegos de la 4T, una especie de vicepresidente. Pero vivo como es, lanzó ayer este muletazo durante su comparecencia en el Senado: “tenemos mucho presidente, no necesitamos un vicepresidente”.

 INSTANTÁNEAS

  1. NEPOTISMO. Uno de los propuestos para magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (al que le corresponderá sancionar los temas de corrupción) es Alfonso Pérez Daza quien, como consejero de la Judicatura Federal fue señalado como responsable de presionar a jueces y magistrados en diversos asuntos, para favorecer a su pariente Carlos Daza en casos que representó como abogado litigante. Éste último, por cierto, está incluido en la lista de propuestos para ser el primer fiscal general de la Ciudad de México.
  2. CURSO COMPLETO. Si lo vemos con perspectiva histórica, el dato no es menor: por primera vez en año Oaxaca registró un ciclo escolar completo. La suspensión de clases ha sido parte de las herramientas de presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De ahí que el gobernador Alejandro Murat informe este resultado como “la gobernabilidad es un hecho que cambia el rostro de Oaxaca”.
  3. INCONSTITUCIONAL. A pedido de la Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió su opinión sobre la llamada Ley Bonilla de Baja California. En ella determina que es inconstitucional que se haya ampliado de 2 a 5 años el período del gobernador Jaime Bonilla Valdez al violar los principios de certeza en los procesos electorales y no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. La Corte estudia las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Alejandro Murat Hinojosa

PRÓXIMO NOMBRAMIENTO EN EL SAT

Aunque AMLO declaró el miércoles que ni daba línea ni tenía favorita en la terna de mujeres que envió al Senado para sustituir en la Corte al dimitente ministro Eduardo Medina Mora, la designación senatorial de Margarita Ríos Farjat con una abrumadora mayoría de 94 de los 122 votos emitidos, reflejó la fuerza de un cabildeo que se intensificó la mañana de ayer desde el Palacio Nacional, acaso con la amable advertencia a los senadores electores de lo inútil y costoso que sería meterse en líos con el SAT, organismo que hasta ayer dirigió la nueva ministra.

Desde antes de que ocupara la titularidad del Servicio de Administración Tributaria al inicio de este gobierno, Ríos Farjat era una fuerte carta de López Obrador para postular por un asiento en la Corte, pero la influencia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, la colocó al frente del organismo fiscalizador aun contra los deseos de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de la 4T que acabó por perder la batalla contra la poderosa dupla y renunció al cargo.

Rosalinda López Hernández

Así, las vicisitudes y necesidades de la política regresaron los reflectores a quien fuera la primera carta de AMLO para ocuparse del SAT: Rosalinda López Hernández, la actual administradora general de Auditoría Fiscal del organismo, contadora pública egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con maestría en auditoría económica, financiera y contable por la Universidad Autónoma de Madrid.

El mal desempeño económico del año provocó una importante caída de la recaudación fiscal (IVA, IEPD e ISR). Para septiembre de 2018, el gobierno esperaba haber captado dos billones de pesos y sólo recaudó 1.3 billones. Es decir, no ingresaron a las arcas 700 mil millones de pesos.

El gobierno, por lo tanto, está urgido de mejorar la recaudación y, a ojos de AMLO, López Hernández no sólo le garantiza conocimiento y experiencia contra la evasión, sino una línea de confianza sustentada no solo en ser parte del mismo proyecto político sino también en una añeja amistad personal.

No se olvide que la hoy administradora general de Auditoría Fiscal del SAT es hermana del actual gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, hijos ambos del notario Payambé López Falconi, viejo amigo de AMLO desde los tiempos compartidos en La Chontalpa y Macuspana, según le conté aquí el pasado 25 de julio de 2018 (https://bit.ly/34Uluor). Rosalinda López Hernández es además esposa de otro aliado gobernador morenista, el de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas.

Margarita Ríos Farjat

De manera que la 4T operó para dar salida a Ríos Farjat vía la Corte y abrir el camino al SAT a una pieza de todas las confianzas del Presidente, precisamente cuando tiene la urgente necesidad de aumentar la recaudación, pero sin faltar a la promesa de no hacer una reforma fiscal sino hasta la segunda parte del sexenio.Por eso lo que primero fue “ni favorita, ni línea”, se transformó después en el cabildeo de última hora para apoyar a Ríos Farjat.

INSTANTÁNEAS:

  1. TERRORISTAS. Tras reunirse ayer con William Barr, fiscal general de EUA, AMLO dijo que el estadounidense comprendió la posición mexicana que rechaza el intervencionismo y favorece la cooperación para el desarrollo. Pero una cosa es que el fiscal la comprenda y otra que su jefe, Donald Trump renuncie a lo que parece la decisión ya tomada de catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El presidente estadounidense se reunirá hoy en Washington con sus principales asesores en seguridad nacional y se asegura que en breve dará a conocer el veredicto.
  2. CORRUPCIÓN. Ya le contaba aquí de los señalamientos de nepotismo que pesan sobre Alfonso Pérez Daza, uno de los propuestos para magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero quien podría ser designado como uno de los primeros jueces anticorrupción, también es señalado de influir, cuando fue consejero de la Judicatura Federal, en la adjudicación de una compra de computadoras que finalmente no se concretó. Además, el entonces responsable de obras en ese órgano del poder judicial, Francisco Javier Pérez Maqueda (hoy inhabilitado quince años luego de que encontraran en la cajuela de su automóvil cuatro millones de pesos) lo acusa de una asignación directa de obra pública por 150 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia Penal en beneficio de CABSA Infraestructura, empresa que –asegura- dispuso de información privilegiada para ganar el contrato.

    Adán López Hernández
  3. SALUD. De acuerdo con el INEGI, trece mil 167 mexicanos murieron en 2017 por enfermedad renal crónica (ERC). Por la progresión silenciosa de esta enfermedad, se estima que hay nueve millones de pacientes que viven con ella y probablemente no lo saben. Además, no hay registro en el país de pacientes en esa condición. La terapia favorecida es el trasplante, pero en el país tenemos cerca de 12 mil pacientes en espera de un riñón. La alternativa es la diálisis peritoneal cuyo principal proveedor es el IMSS, que se ha visto en la necesidad de subrogarlo ante la alta incidencia de la ERC. Uno de los principales proveedores del servicio subrogado es PiSA, laboratorio mexicano que ha estado en medio de los diferendos con el sector salud por la compra consolidad de medicamentos. Muy grave sería que por eso se afectara esa alternativa.

(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )