Pedro Miguel/La Jornada
En el proceso electoral pasado la peor derrota se la llevó el Instituto Nacional Electoral (INE) y debe reconocerse que varios de sus consejeros, encabezados por el presidente Lorenzo Córdova, trabajaron muy duro para lograr ese objetivo. Desde antes del arranque de las campañas fue evidente que en la institución operaba un INE dentro de un INE para inclinar la balanza en favor de dos de los componentes del Pacto por México: el PRI y el Verde. El hecho generó una fractura grave en el pentapartido (PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal) del régimen y dio lugar a un inédito boicot a las sesiones del organismo. En las semanas subsecuentes los representantes fueron regresando a las reuniones pero la desviación no se corrigió y llegó el 7 de junio con la certeza social de que tanto el INE como el Tribunal Electoral habían tolerado la ruptura de las reglas democráticas y ordenado sanciones meramente simbólicas en lo que constituyó un ejercicio descarado de simulación.
Luego llegaron la filtración sobre las expresiones racistas de Córdova, la renta de imagen contratada a Rigoberta Menchú como control de daños a la marca, la continuación de la distribución masiva de prebendas con propósitos electoreros (los televisores repartidos por el gobierno federal fueron el colmo), destrucción de propaganda opositora y, el día de los comicios, la tolerancia a las prácticas impresentables de distorsión de la voluntad ciudadana: fajos de boletas premarcadas, compra del voto a boca de urna –hay videos que lo demuestran– y hostigamiento a votantes y representantes. La cereza en el pastel: la suma de porcentajes mayor a 100 por ciento milagrosamente obtenida en el cómputo del INE, que obligó a recordar los mecanismos hildebrándicos que hicieron posible el robo de la Presidencia a favor de Calderón en 2006.
Mención aparte merece el desempeño, paralelamente desastroso, del Instituto Electoral del Distrito Federal, en cuyo seno ocurrieron cosas tan escandalosas como la falsificación de actas, y cuya obsecuencia hacia las mapacherías del PRD impidió que ese partido sufriera una derrota aún más catastrófica de la que experimentó en la capital. Está por verse si las instituciones electorales locales son capaces de rectificar y de anular y reponer los comicios o recontar los votos uno a uno al menos en las delegaciones en las que las maniobras fraudulentas fueron más masivas y visibles –Iztapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras e Iztacalco– o si resucitarán argumentos como los esgrimidos por el ínclito Alejandro Luna Ramos, quien en 2012, ante toneladas de pruebas del fraude peñista, alegó que las pruebas sólo prueban que existen pruebas, o algo parecido.
Volviendo al INE, las manifestaciones de la gravísima descomposición que impera en ese organismo no dejan de aparecer. Diez días después de los comicios, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña echó en cara a cinco de sus colegas –Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Enrique Andrade y Javier Santiago– el cinismo y la desvergüenza con la que someten la operación del organismo a los intereses del PRI y ejercen funciones metarreglamentarias y metalegales que pasan por encima del presidente formal del INE, Lorenzo Córdova.
Ayer nos enteramos de que la Comisión de Capacitación Electoral del ente realizó, en forma paralela a los comicios formales, un ejercicio electoral amañado entre niños y jóvenes: como los participantes fueron muchos menos de lo que se tenía previsto (2.5 millones contra 3.6 millones), el INE no tuvo empacho en cambiar las reglas a la mitad del juego y completar el número de participantes en una sigilosa cosecha de papeletas, efectuada la semana pasada en escuelas y sitios de asistencia, entre ellos centros del Teletón. De esta forma el organismo enseñó a millones de menores que es correcto gastarse 40 millones de pesos de dinero público en lecciones de turbiedad, que no tiene nada de malo rellenar urnas con sufragios emitidos después de una elección, que lo importante de ésta es cumplir con la meta de votos previamente estimada y que los procedimientos establecidos en la ley valen madre.
Si el INE llegó a los comicios del 7 de junio con un pronunciado déficit de credibilidad, como lo admitía el propio Córdova desde tres meses antes, después de ellos ha quedado desprovisto de todo crédito. Por así decirlo, se ha quedado sin registro ante la confianza ciudadana. Tal y como está, este INE engendrado en las tripas del Pacto por México no le sirve a la verdadera oposición, obligada siempre a remontar las trapacerías del régimen y a abrirse paso en un sistema electoral inherentemente tramposo, ni le sirve al régimen como fachada de legitimación. De ahí la necesidad, la viabilidad y la urgencia de una nueva reformulación de las instituciones electorales y de una negociación orientada a establecer un árbitro electoral independiente, fuerte y creíble.
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