David Broks/AP/La Jornada
Santa Ana, 17 de julio .- Mojados y enlodados tras cruzar la frontera con México, los niños inmigrantes cuentan que se acostaron o sentaron en el piso frío de las celdas a donde fueron llevados.
Era difícil dormir con la luz prendida toda la noche y los guardias pateando sus pies, decían. Tenían hambre después de recibir lo que dijeron que eran sándwiches congelados y comida apestosa.
Los más pequeños lloraban en espacios cercados, en donde estaban apiñados con adolescentes, e imploraban que los llevaran con sus padres. Los inodoros estaban sucios y el agua corriente era poca, cuentan. Esperaban, inseguros y asustados, por lo que les deparaba el futuro.
“No sabía dónde estaba mi mamá”, dijo Griselda, una guatemalteca de 16 años que ingresó a Estados Unidos con su madre por la zona de McAllen, Texas. “Vi a niñas preguntar en dónde estaban sus madres, pero los guardias no les decían”.
Las descripciones que hicieron los niños de varias instalaciones de detención están incluidas en un voluminoso documento presentado esta semana en una corte federal de Los Ángeles como parte de un proceso sobre si el gobierno del presidente Donald Trump está cumpliendo con un añejo acuerdo que regula el trato que deben recibir los niños inmigrantes.
Decenas de abogados, intérpretes y otros voluntarios recorrieron el suroeste del país en junio y julio para entrevistar a más de 200 padres y menores migrantes sobre las condiciones en las celdas, centros de detención y albergues juveniles.
Los activistas dicen que el gobierno ha incumplido con el acuerdo Flores de 1997, que dicta las condiciones de detención y requisitos de liberación para los niños inmigrantes.
“Se han expresado en voz alta y clara, y lo que han dicho es que experimentan hambre forzada, deshidratación forzada, privación del sueño forzada”, dice Peter Schey, un abogado de los niños que ha pedido a la corte designar un supervisor especial para que se cumpla con el acuerdo. “Están aterrorizados y creo que es hora de que las cortes y el público escuchen sus voces”.
El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la inmigración y el control fronterizo, no ha respondido por el momento a solicitudes de comentario. Pero en sus propios documentos presentados a la corte el mes pasado, los supervisores del gobierno dijeron que las autoridades inmigratorias cumplen con las condiciones establecidas en el acuerdo.
En su informe, Henry Moak Jr., coordinador juvenil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), documentó que la temperatura ambiental es adecuada en varias instalaciones fronterizas y que él mismo tomó agua de los contenedores de 20 litros (5 galones) en los centros de procesamiento de McAllen.
Dijo que algunos niños y padres le dijeron que no les gustaba la comida y no estaban seguros que el agua fuera potable, pero no hubo reportes de que la comida estuviera echada a perder.
También probó el agua en la estación de Yuma en Arizona y “puedo confirmar que los bebederos funcionaban y el agua sabía limpia”, dijo.
La letanía de quejas compiladas por los abogados se ha dado a conocer después que la indignación global orillara al gobierno de Trump a dar marcha atrás en la separación de familias inmigrantes en la frontera. Bajo otra orden de la corte, las autoridades ahora reunifican a los padres y niños separados, y dicen que intentarán mantener a las familias juntas durante su proceso en cortes de inmigración, aunque según el acuerdo Flores, los niños inmigrantes deben ser dejados en libertad en aproximadamente 20 días.
Muchos de los niños describieron las condiciones en las instalaciones de la CBP a donde fueron llevados y en donde fueron procesados los primeros días después de cruzar la frontera. En los reportes sólo fueron identificados con sus nombres de pila.
Timofei, un ruso de 15 años que pidió asilo en la frontera con sus padres por ser creyentes de los Testigos de Jehová, contó que la noche y día se fusionaban en el cuarto cerrado y atestadas en donde estuvo detenido con otros menores de edad. Tenía una sola ventana con vista a un pasillo vacío, agregó. No había jabón en el baño y sólo recibió en ocasiones un cepillo de dientes desechable.
Le ofrecieron ducharse al llegar al centro de San Ysidro, California, pero no lo hizo y no se le permitió en los dos días que siguieron, contó.
Algunos niños fueron enviados después al albergue Casa Padre de Texas para los niños inmigrantes que viajan solos o fueron separados de sus padres. El centro opera bajo contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Los jóvenes cuentan que ahí pasaban hambre y no les daban suficiente tiempo para hablar con sus padres por teléfono.
Kenneth Wolfe, vocero de la Administración para Niños y Familias del HHS, dijo que la agencia no comentaba casos específicos, pero que si un contratista no cumple con los procedimientos de la agencia, se atiende el problema.
También en Texas, Keylin, una hondureña de 16 años dijo que viajó al norte con su madre después de que amenazaran a muerte a su mamá en su país. Ambas se entregaron en la frontera en McAllen y fueron llevadas a una instalación que llamó “hielera” de lo fría que estaba.
Un día después fueron llevadas a un centro de reclusión con áreas cercadas al que describió como “perrera”. Ahí fueron separadas y sólo se les permitió hablar una vez por 10 minutos en los siguientes cuatro días.
En ambos lugares la comida estaba congelada, olía mal y no la pudo comer, contó. Las guardias les gritaban a ella y a las otras niñas, obligándolas a desnudarse para mirarlas lascivamente antes de ducharse, dijo.
“Todo el tiempo tuve mucho miedo y estaba deprimida. Tenía miedo de las guardias y miedo de que me deportaran sin mi madre”, dijo, y agregó que después fueron reunidas y enviadas a un centro de detención familiar.
Ángel, un niño de 13 años que llegó de México con su madre, dijo que los guardias les dijeron a los niños en su celda de McAllen, Texas, que iban a ser adoptados y que ya nunca verían a sus padres. Después fue enviado a un centro de detención familiar con su mamá, en donde dijo que pasaron la revisión de asilo y esperan ser liberados.
“Estoy emocionado de salir de aquí y acabar con esta pesadilla”, dijo.
ENTRE DENUNCIAS DE ABUSOS, GOBIERNO DE TRUMP SÓLO
HA REUNIDO A364 NIÑOS MIGRANTES CON SUS FAMILIAS
San Diego, 19 de julio .— El gobierno del presidente Donald Trump informó el jueves que ha reunido a 364 niños de 5 años o más con sus familias luego de que fueron separados en la frontera, aunque aún le faltan cientos antes de que en una semana venza el plazo impuesto por la corte.
El Departamento de Justicia dijo en un documento oficial que ha identificado a 2 mil 551 niños que podrían quedar cubiertos por la orden del juez federal de distrito Dana Sabraw. Más de 900 “no cumplen los requisitos o no se conoce aún si los cumplen”, y la vasta mayoría de ellos está bajo evaluación para verificar la identidad de sus padres y asegurarse de que los niños estén seguros.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que le preocupa la gran cantidad de niños que no han recibido el visto bueno para ser reunidos con sus padres.
El gobierno y la ACLU deberán comparecer ante la corte el viernes por quinta ocasión en dos semanas, ya que el juez insiste en que todos los niños hayan sido reunidos con sus padres para el 26 de julio. La fecha límite para los niños menores de 5 años fue el 10 de julio.
El gobierno ha identificado ocho instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para reunir a los niños de 5 años y mayores, y en todo el sureste ha habido liberación de personas esta semana.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados están tomando la iniciativa de ayudar a familias que han sido puestas en libertad en el país. Grupos eclesiásticos proporcionan dinero, ropa, asesoría legal y con frecuencia dinero para un boleto de autobús o avión, usualmente para que se reúnan con sus parientes en otras partes del país.
Annunciation House, en El Paso, Texas, ha apoyado a docenas de familias. El director del albergue, Rubén García, dijo que “el actual proceso de reunificación es una pesadilla de logística”.
El juez ordenó el lunes una suspensión temporal de la deportación de los padres mientras el gobierno prepara una respuesta a la solicitud de la ACLU de que éstos tengan cuando menos una semana para decidir si solicitarán asilo en Estados Unidos después de que sean reunidos con sus hijos.
TRUMP ACELERA EXPULSIÓN DE INMIGRANTES VÍCTIMAS DE DELITOS QUE ESPERAN VISA ESPECIAL
19 de Julio .- Las personas que están en el país ilegalmente y que son víctimas de delitos cuentan con un recurso que a menudo es su única opción de evitar ser deportadas y conseguir la ciudadanía: una visa especial que las alienta a resolver sus casos y a facilitar la captura de sus victimarios.
Pero el gobierno parece estar acelerando la detención y deportación de quienes solicitan la “visa U” en el marco del endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal del gobierno de Donald Trump.
“Se presentan estos casos rutinariamente”, afirmó Cecilia Friedman Levin, consejera de ASIST, una organización que colabora con activistas y abogados que representan a inmigrantes que han sido víctimas de actos violentos. “Para mí, eso socava el espíritu de la protección ofrecida”.
Quienes se acogen al programa pueden conseguir una visa primero, la “tarjeta verde” de residencia después y finalmente pedir la ciudadanía. Pero debido a la lentitud del trámite y a las nuevas políticas hacia la inmigración ilegal –algo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) niega, pero que ha sido fehacientemente demostrado por los activistas–, los inmigrantes están siendo deportados antes de poder completar el proceso para legalizar su status.
Sus solicitudes permanecen activas incluso después de que son deportados, pero son separados de sus familias a veces por años mientras esperan que se concluya el trámite. Activistas afirman que algunos solicitantes vinieron a Estados Unidos huyéndole a la violencia o a amenazas recibidas en sus países y que corren serio peligro al regresar, por más que sea temporalmente.
Lo que es peor todavía, sostienen, es que estas medidas desalientan la denuncia de delitos ya que las personas sin permiso de residencia se muestran renuentes a acudir a las autoridades. Esto implica que los victimarios siguen libres y pueden volver a delinquir.