Es supervisada por la autoridad judicial federal…
ProDESC y las organizaciones aliadas hacemos un amplio reconocimiento a las decisiones tomadas por la jueza Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes quien al dictar una sentencia de amparo en favor de la comunidad Unión Hidalgo, Oaxaca busca garantizar de manera efectiva la realización de una consulta informada y libre para que sea la comunidad quien apruebe o rechace la construcción del parque eólico Central Eólica Gunaa Sicarú, promovido por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF)
La determinación de la jueza Franco Cervantes para resolver un amparo a favor de la comunidad y por efecto de su sentencia suspender la construcción de la Central Eólica Gunaa Sicarú, va a contracorriente de la normalidad jurídica del país, que hoy día permite la violación sistemática de los derechos a la libre determinación, al consentimiento libre previo e informado y a la definición de las propias prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas
Hablamos de un sistema que discrimina estructuralmente a los pueblos y comunidades indígenas, sumando a contextos de estigmatización, criminalización y violencia contra indígenas defensoras y defensores de derechos humanos, favorece intereses de empresas transnacionales y de la iniciativa privada por sobre los de los pueblos y comunidades.
A pesar de los amparos otorgados por la jueza Franco Cervantes, la Secretaría de Energía, el gobierno del Estado de Oaxaca y las autoridades del municipio de Unión Hidalgo, continúan presionando para que la consulta, que la jueza ordenó mediante su sentencia, se desarrolle de manera inadecuada violentando así el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
En México, por experiencia de las organizaciones firmantes, son excepcionales los casos en los que se pueden prevenir las violaciones graves y los daños irreparables a las víctimas de megaproyectos.
Es por ello que las resoluciones de la jueza Franco Cervantes tienen una trascendencia mayúscula para fortalecer y aplicar, en la realidad, los derechos fundamentales de los más
desprotegidos ante la voracidad de las grandes empresas trasnacionales como Electricité de France.
Además denunciamos el alarmante aumento del hostigamiento y acoso a los líderes comunitarios con el objetivo de amederentarlos para que los intereses de Electricité de France (EDF) en México se impongan sin respeto alguno a la ley y a los Derechos Humanos.
La implementación de resoluciones, como la dictada por la jueza Franco Cervantes, constituyen una oportunidad única para desarrollar procesos de consulta que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, como el caso de Unión Hidalgo en Oaxaca.
Reiteramos el reconocimiento a la imparcialidad de la jueza Franco Cervantes , quien a pesar de las presiones a las que ha sido sometida por parte de las autoridades locales, se ha mantenido firme y esperamos que con esa actitud, haga valer el derecho y lleve a que la sentencia de amparo se cumpla en los hechos.
Organizaciones firmantes: Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A. C. (CODIGO DH), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (CONSORCIO OAXACA), Servicios y Asesoria para la Paz A.C. (SERAPAZ), Tequio Jurídico A.C, Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C., Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)