Anticorrupción


Sistema Nacional Anticorrupción en vías de aprobación

Incompleta la iniciativa, hay conceptos que no contempla.

Presidente de México y gobernadores formarán parte del SNA.

 Ari Salgueiro

Como para responderle al copetudo magnate inmobiliario estadunidense Donald Trump, este jueves, la Cámara de Diputados dio un gran paso para lograr la que muchos creen que es la panacea para el gravísimo problema de corrupción que se vive en México.

México es corrupto, esa es la premisa en la mayor parte del mundo, tan es así que desde hace años se buscaba una metodología para poner freno a todas las corruptelas que invaden la vida pública del país.

Tuvieron que darse muchos jaloneos, mucho rollo y muchos estira y afloja antes de que se aprobara la iniciativa para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, habrá que ver si los alcances reales de esta ley, que, seguramente será aprobada por el Senado son los esperados o necesitados por una sociedad muy mal acostumbrada a las prácticas de corrupción.

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LIMITADA INICIATIVA ANTICORRUPCIÓN

La iniciativa tiene cosas importantes, pero otras que ni siquiera se mencionan, como es lo referente a amparos o auxilio a instituciones especializadas en combate a la corrupción. Pero tampoco contempla las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

En el apartado de enriquecimiento ilícito, establece que se sancionará con decomiso y privación de la libertad a quienes incurran en esto, aun cuando se trate de particulares, no sólo funcionarios públicos.

Como parte central de este nuevo esquema está la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual estaría encabezado por un Consejo Nacional y sería responsable del diseño, evaluación y coordinación de políticas transversales de educación, concientización, prevención, detección y sanción de hechos en materia de prevención y combate a la corrupción.

El consejo estaría conformado por el Presidente de la República, el presidente de la SCJN, los presidentes de las Cámaras del Congreso, los titulares de órganos constitucionales autónomos federales, el auditor superior de la Federación, el presidente del Tribunal de Cuentas, los 32 gobernadores de los estados y 5 miembros de un Comité Ciudadano para la Ética Pública.

En lo que se refiere a los órganos internos de control, se mantendrá el nombre de las auditorías preventivas para ellos y seguirán siendo nombrados por los mismos organismos que auditan y serán coordinados por la SHCP y sólo tienen capacidad para prevenir e investigar casos de presuntas responsabilidades administrativas.

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¿SERÁ? GOBERNADORES Y EDILES SERÀN AUDITADOS

Con este nuevo esquema, el cien por ciento del dinero que gastan los gobernadores y presidentes municipales será sujeto de revisión y fiscalización y los plazos de prescripción de delitos de corrupción serán de siete años.

A diferencia de lo que se planeaba a principios de sexenio, la Secretaría de la Función Pública no sólo se mantendrá vigente, sino que se convertirá en una especie de suprasecretaría con capacidad de auditoría para todos los órdenes de gobierno.

El tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa se va a convertir en el Tribunal de Cuentas, encargado de imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en hechos de corrupción.

Ante este panorama es claro que la iniciativa presentada está muy lejos de ser la resolución de los problemas en materia de corrupción

Sin embargo, habrá que esperar las posibles mejoras que se le hagan en su tránsito a la Cámara de Senadores y una vez que se complete el ciclo legislativo será promulgada por el gobierno Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Pero ahí no termina todo pues después de publicada, el proceso sigue, ya que comenzaría a correr un plazo de 180 días para las aprobación y modificación de las legislaciones secundarias en la materia.

Así que habrá que esperar que resulta y de lo que quede, que funciona realmente para comenzar a abatir los rezagos que ha dejado en México el rastro de la corrupción.